La Secretaría de Energía publicó este martes 23 la resolución 131 en la que fija la quita de subsidios y en consecuencia incrementa un 90% el precio de la energía. El impacto final será en promedio de un 50% pero en algunos casos alcanzará el 70%. Abarca a unos 2.900 grandes usuarios de distribuidoras.
De esta forma, a partir del primero de marzo, el precio estabilizado de la energía tendrá un aumento del 90%. Pasará de $2.910 a $5.500 por megawatt/hora para los usuarios no residenciales que consuman más de 300 kW de potencia. Pese a ser el principal componente de las facturas de los grandes usuarios, no es el único, por lo que el traslado no será directamente proporcional.
Según señala el sitio EconoJournal especializado en energías, “la medida apunta a disminuir los subsidios eléctricos en unos $ 35.000 millones durante 2021. Es apenas la mitad de lo que pretende recortar el Ministerio de Economía, que se fijó como meta ahorrar $ 70.000 millones en el presupuesto de Cammesa para no correrse demasiado de los números definidos en el Presupuesto 2021”.
La normativa que lleva la firma del secretario Darío Martínez no alcanza a los usuarios residenciales ni a pymes. Solo apunta a los grandes usuarios de energía eléctrica que hasta ahora gozaban de un subsidio que significaba un diferencial de costos. También contempla correcciones que permitirán generar un importante ahorro fiscal para generar equidad entre los grandes usuarios, en el marco del objetivo de hacer más eficiente la política de subsidios para redireccionarla a aquellos sectores que no puede pagar el costo de la energía.
La medida alcanza a un universo de 6200 grandes usuarios de electricidad que reciben el suministro a través de las distribuidoras, a diferencia de otros grandes que compran directamente en el mercado mayorista.
La normativa indica también que quedan excluidas las instituciones públicas que prestan servicios de salud y educación de los tres niveles del Estado que continuarán con la tarifa subsidiada.
Por su parte, Martínez sostuvo que “se tomó esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades”.
Entre las alternativas que manó la Secretaría fue avanzar un aumento segmentado en la tarifa residencial pero la medida fue descartada.
Martínez dijo que este tipo de correcciones que se pretende con la resolución 131 apunta a generar ahorro fiscal aunque reconoció que “es difícil calcularlo, ya que depende del nivel de recuperación de la actividad y del consumo”.
Resta saber cómo esta readecuación impactará en las empresas dependiendo del peso que tenga la factura de energía es la estructura de costos.
