Por Gustavo Sosa (*)
Para hablar del sistema judicial en Argentina y su relación con las cooperativas y la economía social habría que partir de un escenario previo, que es la formación de hombres y mujeres del derecho en la incorporación de contenidos propios del derecho cooperativo y de aquellas herramientas legalmente aprobadas en materia de economía social y por supuesto organización de otras entidades como las mutuales, las asociaciones y los clubes.
Esta falencia que viene de la propia universidad se traslada al sistema judicial cuando esas personas realizan sus carreras y llegan con un bagaje muy precario y en algunos casos con una mirada muy de desconfianza hacia las cooperativas, y en particular, con una mirada de recelo respecto a las cooperativas de trabajo.
El sector cooperativo debe diseñar una estrategia de encuentro y vinculación con el poder judicial, en donde las propias escuelas judiciales puedan tener contenidos en relación con el cooperativismo y la economía social y permitir tener una interpretación mejor de las figuras y de sus integrantes. Con el fin de a la hora de sentenciar e impartir justicia, tener conocimiento mucho más directo y previo sobre qué espacios y qué naturaleza jurídica está resolviendo.
Personalmente, creo que es un escenario que nunca se abordó y me parece que es algo necesario en esta cuestión de los diálogos. El sector de las cooperativas de trabajo tiene que fortalecer el diálogo con el poder judicial a los fines de luego poder generar una formación adecuada y que también se vaya generando una jurisprudencia que no sea errática, sino que sea justa.
Abogado Gustavo Sosa
En el marco del consejo interuniversitario nacional, las carreras de derecho y ciencias económicas deben incorporar obligatoriamente contenidos de cooperativismo y mutualismo se está dando en pasos muy lentos y sin un control. Debe existir un repaso del sector cooperativo respecto a cómo se están incorporando los nuevos planes de estudios, que no sea algo solapado, bolillas escondidas de materias poco transitadas, sino que sea un conocimiento concreto que este dentro de los principales contenidos de ambas carreras. Esto también es importante en la formación, ya sea que mañana se incorporen en el sistema público o en la actividad privada, y dentro de lo público en la actividad judicial.
Cuando en la universidad se da el derecho del trabajo, el único régimen que se ve es el de la relación bajo relación de dependencia en el ámbito privado, en algunos casos en el público y luego todo el derecho del trabajo que hace a los autónomos y al universo de la autogestión, está ausente. Así es como se genera una formación parcial. Una aclaración más y es que, cabe señalar que en la justicia ha habido fallos teóricamente muy interesantes para las cooperativas de trabajo. El fallo Lago Castro de la Corte Suprema, es un fallo muy interesante en lo que hace a las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. Allí hay una buena jurisprudencia del máximo tribunal.
* Abogado y Magíster en Economía Social y Empresa Cooperativa. Docente e integrante del Centro de Estudio de la Economía Social (CEES).
Fuente: Ansol
