El martes 30 de agosto, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó un proyecto que busca regular la compraventa del cobre y metales no ferrosos con el objetivo de evitar uno de los delitos que más creció desde el 2021 y que afecta principalmente el servicio eléctrico en las zonas rurales.
El proyecto, que fue presentado por Mercedes Rus (UCR) y pasó a Diputados a la espera de su sanción final, busca establecer un régimen preventivo y de control de actividades con esos metales y otorgarles a las fuerzas de seguridad facultades de incumbencia para su abordaje.
José Álvarez, preside FACE y de la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande celebró la medida y expresó "ojalá que con esta ley podamos de alguna manera controlar esto que está afectando seriamente al sector eléctrico de la provincia de Mendoza".
En el este mendocino, donde brinda el servicio eléctrico la cooperativa que preside Álvarez, la situación es alarmante. Han sufrido el robo de un transformador por semana y las pérdidas son cuantiosas, ya que los equipos robados oscilan entre los 700 mil y los 800 mil pesos cada uno. De acuerdo con los datos presentados en el proyecto, el material es vendido en el mercado negro a un costo superior a los $1.300 por kilogramo y en fundiciones a $2.000 (un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kg de cobre).
El dirigente cooperativista destacó que se trata de un fenómeno global, que no sólo afecta en su mayoría a los sectores alejados de las urbes sino también a varios lugares de la provincia, provocando un perjuicio al usuario que deja de recibir energía y el perjuicio ambiental, ya que en ciertos casos se derrama el aceite que contienen los transformadores.
Fuente: ElNueve.com
