Si bien la problemática del daño y robo de transformadores eléctricos para extraer cobre no es exclusiva de Mendoza, esta provincia hizo punta sancionando una ley que busca darle una solución a estos hechos que se han convertido en una modalidad delictiva habitual.
Esta semana, el Senado provincial aprobó por unanimidad una ley que, entre otros puntos, establece un registro con obligaciones para los que comercializan cobre en Mendoza.
"El kilo de cobre tiene un precio superior a los 2.000 pesos, cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Muchos robos se realizan en zonas rurales, por lo que gran cantidad de productores se ven afectados, ya que se quedan sin servicio eléctrico y riego tecnificado", explicó la senadora Mercedes Rus, quien impulsó la sanción de la ley aprobada el 27 de diciembre.
Según un informe presentado por la Auditoría Interna de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima (Edemsa) durante el período 2021-2022, se contabilizaron 308 robos y 174 tentativas. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 kilos de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de "mercado ilegal", una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $ 199.500.000 y el operativo $39.900.000 aproximadamente.
En 2021, se registró un pico de robos siendo los departamentos de Lavalle, Maipú y Tunuyán los más afectados. En agosto de este año la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, que preside José Álvarez, denunció la destrucción de un transformador por semana en la zona rural. Los equipos dañados tienen un costo que oscila entre los 700 y 800 mil pesos, según preciso el titular de la cooperativa mendocina.
Sobre los detalles de la aplicación, Rus sostuvo que "la ley es prescriptiva, pero ordenatoria respecto al mercado". De esta manera, aseguró que lo que se busca es "prevenir" y "ordenar lo que es el mercado de la compra y venta de cobre".
Además, mencionó que tras la aprobación deberá establecerse "un registro y una serie de certificaciones que tienen que ver con la trazabilidad del origen lícito del mismo".
Así los que se dedican a esta actividad, se deberán registrar ante el Ministerio de Seguridad, organismo que se encargará de sistematizar el proceso de una manera sencilla, logrando un abordaje más integral. "Quienes no cumplan con la norma, se les aplicarán severas sanciones", aseguró la senadora.
