Entre las leyes que el proyecto de desregulación llamado “ley hojarasca” busca derogar se encuentra la Ley 11380 que tendría varias implicaciones significativas para las cooperativas. Principalmente, obligaría a estas entidades a incluir el valor de sus edificios y construcciones en el cálculo del capital sobre el que deben pagar contribuciones especiales. Esto podría resultar en un aumento considerable de su carga tributaria, afectando su capacidad de inversión y desarrollo. Esta situación contrasta con la Ley 23.427, que actualmente excluye estos activos gracias a una exención.
Desde diversos ámbitos representativos del cooperativismo comenzaron a advertir sobre las consecuencias negativas que tendría el avance sobre esta legislación. Tal es así que, desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) emitieron un comunicado conjunto ratificando la mayor carga tributaria que traería la derogación de la Ley 11.380. Días antes, desde la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) también prendieron las alertas en el mismo sentido. “Se encarecerán los servicios de las cooperativas afectando a millones de usuarios y usuarias en todo el país”.
Efectos
La derogación implicaría un aumento de la carga tributaria para el sector cooperativo, que al tener que incluir los activos de edificios y construcciones, enfrentaría un aumento en sus contribuciones que limiten su sostenibilidad financiera.
Esa mayor carga tributaria, podría contribuir a desincentivar la inversión en infraestructuras y servicios esenciales, afectando a las comunidades donde brindar servicios las cooperativas.
Estas entidades han sido claves para el desarrollo local, proporcionando servicios y empleos genuino. Un aumento en los impuestos podría limitar su capacidad de actuar en estas áreas.
La derogación de la Ley 11.380 no ha considerado el impacto positivo que ha tenido en el cooperativismo.
Antecedentes
Las leyes de 1.926, especialmente la Ley 11.380, fueron fundamentales para el desarrollo de las cooperativas al garantizar financiamiento y la exención de contribuciones sobre el valor de edificios, facilitando así el acceso de pequeños productores y consumidores a servicios esenciales en el país.
