"Ya no sabemos qué hacer", dice Yanina Pucheta, presidenta de la Cooperativa de Servicios Públicos de Toledo. "Hasta los soldamos a las bases para que no se los lleven, pero ahora usan amoladoras para concretar el hecho".
En las ultimas semanas, sustrajeron a la cooperativa tres equipos causando gran perjuicio económico y la afectación del servicio de energía.
"Si bien la cantidad de usuarios que se quedaron sin luz no fueron muchos porque los robos se dan en la zona rural, para la cooperativa tiene un alto costo reponerlos", agrega Pucheta.
En 2021, la cooperativa sufrió el robo del transformador que alimenta la bomba del servicio de agua y toda la población quedó sin suministro por dos días hasta que se pudo reponer. En mayo de este año, nuevamente intentaron robarse este equipo, pero al estar soldado no pudieron llevárselo y la maniobra fue advertida por personal de la cooperativa.
Este año, según manifestaron desde la cooperativa, el perjuicio por el robo de los equipos se estima en más de 15.000 dólares, una cifra difícil de seguir afrontando si no se toman medidas de seguridad que exceden a la propia entidad.
Desde la cooperativa piden a la población que si observan gente donde están los equipos que no está identificada como trabajadores del área den aviso a la policía.
Los transformadores se roban para obtener principalmente el cobre de las bobinas que luego se venden de modo ilegal. Por eso, es fundamental regular este mercado a partir del registro de quienes compran y venden metales no ferrosos, entre los que está el cobre.
Recientemente la provincia de Santa Fe aprobó un proyecto para controlar el mercado negro de compra-venta de metales como cobre o aluminio. Lo mismo hizo Mendoza en diciembre del año pasado con la sanción de una normativa para ordenar el negocio estableciendo un registro con obligaciones para los que comercializan cobre en esa provincia.
En Córdoba, las cooperativas de servicios públicos vienen denunciando esta clase de ilícitos desde hace tiempo, en particular en zonas rurales que son las más vulnerables y reclaman una regulación para poner límite a los robos.
