El 31 de marzo fueron publicadas en el Boletín Oficial la Resolución 121/2023 de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (SIyDP) y la Disposición Nº 88/2023 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que modifican las condiciones y normativas vigentes.
En el artículo 1 del Anexo I de la Res. 121/23 de la SIyDP se define a la empresa como "toda unidad económica que desarrolle, con ánimo de lucro, el ejercicio habitual de una actividad basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, que utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla".
Según la nueva normativa, las cooperativas no son consideradas "empresas" por no tener ánimo de lucro en el desarrollo de sus actividades.
Por su parte, en el artículo 10 punto 2) del Anexo I de la Disposición 88/2023 de la SePyME se define y considera a las cooperativas como meras "formas asociativas" a los fines de la categorización e inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES. Esta norma aclara asimismo que, para que las "formas asociativas" gocen de los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas, todos los miembros o integrantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la presente medida y encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs.
Según expresaron desde el sector cooperativo, el cumplimiento efectivo de esta disposición es imposible en las cooperativas de primer grado, aquellas que proveen en las comunidades servicios públicos, de consumo, de trabajo, de vivienda, agropecuarias, entre otras, ya que se exige que cada asociado/usuario deba registrarse.
En la normativa hasta ahora vigente consideraba "formas asociativas" solo a las cooperativas de grado superior (Federaciones y Confederaciones), por lo que tales exigencias quedaban circunscriptas a las mismas.
Racionalidad ante la decisión excluyente
Habiendo analizado la nueva legislación, desde COLSECOR "solicitamos con carácter de extrema urgencia se respete, se cumpla y se aplique plenamente y sin restricciones la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa 24.467 y se incorporen las empresas cooperativas en el registro MiPyME en igualdad de condiciones que las sociedades comerciales".
Desde la integración nacional consideran que "estas normas no solo resultan arbitrarias y discriminatorias por cuanto se emiten justamente en la fecha en que los certificados MiPyMEs de todas las empresas deben ser renovados, perjudicando de este modo a las empresas cooperativas frente al resto de las empresas del mercado, sino que también atentan contra el propio espíritu de la ley de la Pequeña y Mediana Empresa orientada a promover el desarrollo de las Pymes como herramienta fundamental para el progreso de la economía nacional, de la cual sin lugar a dudas las cooperativas son un pilar muy importante".
El comunicado de COLSECOR agrega en sus conclusiones que "con las modificaciones introducidas a la legislación vigente, las cooperativas quedan sin la posibilidad de acceder a beneficios impositivos, sin posibilidad de acceder a Aportes no Reembolsables y en algunos casos, hasta sin la posibilidad de realizar contrataciones con el Estado por cuanto el Certificado MiPyME suele ser un requisito esencial".
Por último, solicitan que este "agravio" al sector debe ser "subsanado a la brevedad por las autoridades. La grave crisis económica que estamos atravesando convierte a la actividad cooperativa en un instrumento imprescindible para sortear los avatares que padece la ciudadanía argentina", concluye.
Foto: Cooperativa J. Posse (Córdoba)
