No nos vamos a detener aquí a desclasificar las innumerables medidas adoptadas que confirman las fundadas evidencias de esta observación.
En la apertura de la 7° Jornada de COLSECOR en mayo, expresamos que el federalismo es un proyecto de país propio del cooperativismo argentino. Nuestra organización a través de las entidades asociadas brinda servicios en 20 provincias. Este dato deja constancia de la importancia que tiene este tema al que tenemos que interpelar enfáticamente para que pueda ser revertido e instituido de otro modo por el Estado de una buena vez.
Para clarificar direcciones precisas de nuestra parte que intenten modificar esta casi naturalización de una realidad que no se problematiza, queremos plantear tres enfoques que revelan situaciones palpables que merecen ser debatidas y modificadas para hacer efectivos los principios de un país federal.
Primero, el cooperativismo es administrado desde el Estado Nacional. Segundo, el pago de los ingresos brutos de las empresas solidarias que se realiza en unas provincias y en otras no. Esto no habla de políticas de unicidad. De lejos, es una inequidad poco explicable en un país que, como se ha dicho tantas veces, tiene que ser normal. Y por último queremos señalar lo que sucede en cuanto a la red de fibra óptica en todo el territorio nacional. Esta iniciativa fue del Poder Ejecutivo Nacional, que es el propietario exclusivo de Arsat, la empresa pública nacida desde una concepción que no contempló ningún grado de participación activa de las provincias.
No nos debe asombrar la falta de federalismo. Si nos ponemos a hacer un ejercicio perceptivo riguroso caeremos en la cuenta de una estructura compacta que no sufre quiebres del sentido unitario con el que se ideó.
El año pasado Patricio Griffin, ex presidente del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), impulsó un anteproyecto de ley para el cooperativismo y el mutualismo con un sesgo que acentuaba el carácter poco federal. Desde COLSECOR y en coincidencia con muchísimas cooperativas se resistió esa normativa que lejos estaba de ser la más apta para el progreso de nuestro sector.
Estamos convencidos de que una nueva legislación en esta materia debe tener un artículo determinante: cada provincia tiene que conformar su propio organismo de control y promoción de la economía solidaria. Es imprescindible que se puedan otorgar las matrículas a las cooperativas y mutuales en cada suelo provincial. Estamos seguros de que favorecerá a la reorganización administrativa y al control preventivo. Una nueva matriz redundará en una mejor asistencia técnica, con un conocimiento estadístico del sector sin fines de lucro del que somos parte.
La identidad de nuestras organizaciones cobraría mayor importancia porque sobre las políticas públicas se puede desarrollar una revalorización de la acción de la economía social para resolver tantas vulnerabilidades que padece la sociedad de nuestro tiempo.
Tenemos que crear un ámbito para abordar esta iniciativa legislativa nacional como también el impuesto regresivo de los ingresos brutos en las legislaturas provinciales donde existe y lo padecen las cooperativas.
Habrá que generar consensos plenos en el sector para comenzar un diálogo con las autoridades de cada gobierno y en todos los espacios legislativos.
Mencionábamos también a Arsat en la descripción de nuestras inquietudes. Creemos que como empresa del Estado tiene que desplegar un rol decisivo en un plan profundamente federal. Nos preguntamos si no será una gran oportunidad para profundizar el federalismo, que las provincias argentinas participen activamente en los proyectos de conectividad. Así como la educación inicial y secundaria es administrada por las provincias, ¿no sería lógico que la conectividad a internet con la relevancia que tiene en el acceso al conocimiento sea también parte de su gobernanza?
El valor de la figura del Estado en todos los territorios es vital si construye federalismo, es decir, igualdad de oportunidades. El desarrollo de las cooperativas es una demostración cabal de ello. No somos indiferentes ante estos problemas que deben afrontarse. El país y el Estado encontrarán siempre una fuerza democrática que construye ciudadanía, es la de la sociedad civil y el cooperativismo. Es hora de que las políticas públicas se diseñen desde los bordes hacia el centro.
