La aplicación de la ley de radiodifusión quedó suspendida provisoriamente luego de que la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal lograra notificar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la medida cautelar en contra de la nueva norma.
El Gobierno nacional recibió la notificación del fallo y tiene previsto presentar en las próximas horas la apelación ante la Cámara Federal de Mendoza, que deberá definir la validez de la medida.
La suspensión de la aplicación de la ley en todo el país fue dispuesta el 21 de diciembre pasado por la jueza Pura de Arrabal en una causa promovida por el diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas, aunque recién pudo notificarse con la reanudación de la actividad judicial.
La jueza con asiento en Mendoza suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales porque encontró que el Congreso habría incurrido en "serias irregularidades" reglamentarias durante el trámite de sanción de la norma y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso.
Así, a diferencia de otras medidas cautelares que suspendieron algunos artículos, el fallo de Pura de Arrabal apunta a la validez del trámite de sanción, por lo que ordenó la suspensión de todos los actos que la pongan en ejecución y les pidió al Ejecutivo y al Congreso que brinden un informe dentro del plazo de catorce días.
De ese modo quedan congelados los censos de licencias de radio y televisión que está realizando la Autoridad Federal, así como el funcionamiento de ese organismo, del Consejo Federal y de la Comisión Bicameral, entre otras cuestiones reguladas por la ley de medios audiovisuales.
Sin embargo, ese plazo no había comenzado a correr porque el diputado kirchnerista Jorge Alvaro logró el 30 de diciembre pasado que se postergara hasta febrero la notificación al Gobierno, por lo que la nueva Autoridad Federal (ex Comfer) pudo seguir actuando como si el fallo no existiera.
"Hubo graves irregularidades en la sanción y la única alternativa fue recurrir a la Justicia, ella dirá si tenía razón", señaló Thomas. Y enumeró que en las comisiones los integrantes no pudieron conocer "en qué consistía" la norma; se constituyó de forma "irregular" el quórum, y la sesión especial se convocó con escasas horas de anticipación, lo que impidió que muchos diputados estuvieran presentes.
Freno a las cooperativas
Desde que se aprobó la Ley de Medios el año pasado varias cooperativas del país dieron a conocer sus intenciones para dar IPTV. Tal es el caso de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María (Necochea), de Telviso (Cooperativa Telefónica de la ciudad de Del Viso), de Telpín (Pinamar), Cotacal (El Calafate), la CPE (Santa Rosa, La Pampa), la Celta (Tres Arroyos), entre otras. Con esta decisión judicial, estas entidades pondrán en espera sus proyectos en lo que se prevé será una larga batalla judicial.
