Statu quo

30-05-2005

Mientras a algunos llevan adelante la lucha para conseguir las licencias de radiodifusión, a otros sectores se les vencían sus respectivos permisos, y se debería haber convocado a nuevos concursos para que renovaran sus actividades mediante licitación.

Sin embargo, la Presidencia de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527 de fecha 24 de mayo de 2005, le concedió diez años de prorroga lo que muestra que más allá de los discursos, se defiende directamente los derechos de dichos prestadores.

Por otra parte, a las entidades sin fines de lucro se les impide que concursen para acceder a las licencias de radiodifusión y tampoco se les permite pedir la adjudicación directa de servicios complementarios, como el de TV por cable o de antenas comunitarias.

Según el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, a pesar de que “las asociaciones de la economía solidaria, lograron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declare la inconstitucionalidad del actual artículo 45 de la ley 22.285, que no permite que las entidades sin fines de lucro puedan prestar servicios de radiodifusión, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sigue defendiendo la norma referida, sosteniendo que es su deber resguardar la ley vigente. Tampoco el Poder Ejecutivo entiende que haya razones para que se dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia que evite que, desde la misma lógica de una ley de la dictadura, se continúe discriminando a entidades de dinámica democrática. Mientras el autoritarismo antidemocrático del artículo 45 beneficie a unos, hace entrar en crisis al discurso del Estado, que se dice busca tutelar los derechos humanos, tantas veces ignorados, especialmente en lo que hace al ejercicio del derecho de contar con medios alternativos de difusión.”

Las frecuencias radioeléctricas que son un patrimonio de todos los ciudadanos deberían ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio, conforme al pacto se San José de Costa Rica al cual nuestro país adhiere. Sin embargo la actual Ley de Radiodifusión legada por la dictadura militar y profundizada en los 90, está inspirada en los criterios de la doctrina de la seguridad nacional, es absolutamente centralizada autoritaria y discriminatoria ya que además de impedir que se otorguen licencias a quines no tengan la intención de lucro permite acumular hasta 24 licencias con la enorme concentración de poder que eso implica dejando afuera a miles de otros aspirantes a utilizarlas.

El uso del espectro radioeléctrico en la actualidad es bastante desordenado. Recordemos que en la década de los 80 y los 90 se establecieron miles de radios sin licencia en todo el país; unas 3.000 quedaron bajo el rótulo de precarias y provisorias y otras 5.000 directamente pasaron a la categoría de clandestinas; en materia de televisión abierta se mantuvo la misma cantidad de estaciones en todo el país, reservando al mercado para unos pocos y sin prestación de este servicio en muchas regiones del país y con la mayoría de las ciudades de nuestras provincias con oferta única de servicio. En los servicios de televisión por cable de continuar estas proyecciones se llegará a una concentración vertical y horizontal en la emisión y generación de contenidos. A pesar de este diagnóstico, las modificaciones al artículo 45 de la llamada ley de Radiodifusión está a medio camino y el ejecutivo Nacional continúa avalando la actual situación.

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