Cerca de un millón de usuarios del interior bonaerense tendrán, con la llegada de su próxima factura en julio, un incremento mensual del orden de los 4,50 pesos en la tarifa de electricidad, según lo dispuesto por el gobierno de Daniel Scioli, que autorizó, en forma provisional, el aumento como un cargo fijo extraordinario para garantizar la operatividad del servicio eléctrico.
La medida deriva de un acuerdo entre las 200 cooperativas que brindan energía en el interior bonaerense y el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial.
La medida afectará por igual a industrias, comercios y usuarios residenciales y, tal como se informó, se exceptuará únicamente a los beneficiarios de la tarifa de interés social (TIS).
"Un poco de aire"
Mientras que el gobierno avaló esta suba de 4,50 pesos por medidor hasta, en principio, noviembre, las federaciones que representan a las cooperativas buscan conseguir una suba general de tarifas, algo que no tienen desde 2001.
"No es agradable realizar un aumento, pero esto nos da un poco de aire para afrontar aumentos de insumos, la mayor demanda y otorgar incrementos salariales a nuestros empleados, pero el cargo fijo no deja de ser un parche", dijo Nicolás Ambrosius, presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos de Buenos Aires (Apeba).
Según la visión de Ambrosius, que aseguró que los costos operativos crecieron cerca de un 500% en los últimos ocho años, la solución de fondo pasa por un aumento general de tarifas, y las cooperativas estiman que debería ser del orden del 17 por ciento. El dirigente también consideró que podría aplicarse un incremento en el servicio sólo a los grandes usuarios para que, dijo, "pague más el que más consume".
Fuentes del gobierno provincial reconocieron que se trata de una medida de emergencia adoptada ante la precaria situación que atraviesan en la actualidad la mayoría de las cooperativas eléctricas y la creciente presión del sindicato de Luz y Fuerza.
Conflicto desactivado
De hecho, la decisión oficial contribuyó a desactivar un conflicto con paro de actividades que se mantenía desde hacía dos semanas y que llegó, incluso, a poner en riesgo la normal prestación del servicio en algunas localidades.
Finalmente, la conciliación obligatoria suspendió el paro y las negociaciones continuaron hasta las federaciones de cooperativas firmaron en el Ministerio de Trabajo provincial un acuerdo por medio del que sus trabajadores se beneficiarán con un aumento salarial del 20 por ciento.
Las dificultades de las cooperativas son de tal magnitud que en las negociaciones salariales participaron funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial en cuyos despachos manejan un informe que indica que el 60 por ciento de las cooperativas afrontan desde hace años balances negativos en sus finanzas.
