Según explica la periodista Irina Hauser en Página 12, “El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le recomendó a la Corte Suprema que levante la medida cautelar que mantiene al grupo Clarín exceptuado por lo menos hasta diciembre de 2013 de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión en el plazo de un año”.
El dictamen contra la cautelar fue firmado este lunes 19 y dice que la resolución dispuesta por la Cámara Civil no cumple con requisitos básicos y “ha soslayado la ineludible consideración del interés público” del caso que “se traduce –afirma Righi– en el objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación”. Ahora, el máximo tribunal debe resolver, “aunque días atrás desde su presidencia hicieron saber que no tienen apuro”, subraya Hauser..
Partiendo de la base de que las medidas cautelares tienen entre sus objetivos centrales el de evitar daños irreparables a futuro (mientras se discute la cuestión de fondo), Righi plantea que en este caso quien corre el mayor riesgo no es Clarín sino el Estado, ya que “se impide dar plena vigencia” a la norma. La empresa alega que puede quedar afectada su situación patrimonial definitivamente y reivindica el derecho de propiedad, argumentos de los que se hizo eco la Cámara. Pero el dictamen postula que nada impediría su “resarcimiento” en caso de demostrar pérdidas para el día que la Justicia defina la legalidad del artículo 161, que fija el plazo de desinversión.
La cautelar que favorece a Clarín e impide la aplicación del artículo 161 de la ley 26.522, sancionada en octubre de 2009, fue confirmada en primera instancia por la Cámara Civil en defensa del derecho de propiedad. La Corte Suprema, a instancias del propio Estado, dejó en pié la medida de “no innovar”, pero advirtió que no podía ser por tiempo indefinido porque se podría convertir en una “sentencia anticipada” a favor de Clarín. El máximo tribunal hablo de un “plazo razonable” pero tampoco lo fijó. Fue la propia Cámara la que puso 36 meses para esta medida que permite al multimedio no iniciar el proceso de desinversión hasta diciembre de 2013.
“El Estado volvió a recurrir ante la Corte” – describe Hauser – y esta vez sí se pidió la opinión del procurador general. “Righi dice que la medida cautelar nunca estuvo ´legítimamente concedida´ porque sus fundamentos no satisfacen dos de sus requisitos elementales: tendría que quedar demostrada una ´ilegitimidad manifiesta´ de la ley y debería acreditarse un ´peligro en la demora´ que justifique una decisión preventiva para evitar un resultado irreversible. Para el procurador no surge ninguna de esas dos cosas”, explica la periodista de Página 12. “Righi agrega otros condimentos en su dictamen: ´La Cámara ha soslayado las argumentaciones de esa parte (el Estado) en cuanto a que se prorrogó el plazo de adecuación al régimen de la ley, así como que el mantenimiento de la cautelar impide dar plena vigencia a aquella con grave afectación del interés público´. Recuerda que la medida cautelar original es de diciembre de 2009, pero el plazo de desinversión empezó a regir desde octubre de 2010 (con la reglamentación) y, aunque venció un año después, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) dio una prórroga de 60 días. Para Righi, el transcurso real de dos años por cuestiones administrativas debilita los cuestionamientos al ´plazo exiguo otorgado por la ley´ señalado por Clarín. Apunta que la Cámara debió haber contemplado esas cuestiones y le critica que tampoco ´da respuesta válida a objeciones serias y fundadas por el Estado Nacional´”.
Hauser dice que la Corte “puede o no considerar las opiniones de Righi” para tomar una resolución al respecto.
