Reforma laboral: la pelea que el oficialismo quiere dar antes de fin de año

19-06-2018

Por Gabriel Sued | Politólogo y periodista

Alterada por la crisis financiera y el acuerdo crediticio de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la agenda legislativa del oficialismo mantiene un objetivo prioritario para la segunda mitad del año: la aprobación de la reforma laboral, un proyecto que, entre otras cosas, reduce el cálculo de las indemnizaciones por despido.

La lista de asuntos pendientes del Poder Ejecutivo incluye además la Ley de equidad salarial entre hombres y mujeres, la reforma electoral y la Ley de extinción de dominio, entre otros temas. Pero la prioridad es la reforma laboral, señalan en el oficialismo, en especial ante la necesidad de dar señales a los mercados y organismos internacionales.

Después del fracaso del primer intento de modificación, resistido por el sindicalismo combativo y sepultado en diciembre pasado tras la caótica sanción de la reforma previsional, el Gobierno apostó a una receta usada en debates anteriores: eliminó algunos de los puntos conflictivos, y dividió la propuesta en tres proyectos de ley, que presentaron senadores del oficialismo y no ya el Poder Ejecutivo. La ocasión ideal sería el Mundial de Rusia, calcularon en la Casa Rosada.

Más allá de ese cambio de estrategia, las iniciativas de Federico Pinedo, Esteban Bullrich y otros senadores del PRO y la UCR tienen los ingredientes necesarios para reeditar una postal de unidad de la oposición, escenario del que el oficialismo no está logrando salir sin heridas de gravedad.

Miguel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista en la Cámara alta y nexo con los gobernadores del peronismo, lanzó una advertencia que se asemeja a una sentencia de muerte para los planes oficiales. “No va a pasar por el Senado. No vamos a tratar ningún proyecto que perjudique el mundo del trabajo”, dijo a principios de mayo, sólo una semana después de conocidos los proyectos laborales.

Ya el año pasado el senador había avisado que su bancada sólo aportaría los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa si la CGT expresaba su respaldo de manera unívoca. Ese apoyo nunca llegó, pese a que, tras el triunfo de Cambiemos en las elecciones de octubre, el Gobierno había alcanzado un preacuerdo con la central obrera para avanzar con las modificaciones.

Después de la reforma previsional y de la salida del sector de Hugo Moyano de la CGT, la ambigüedad que había mostrado el triunvirato de conducción de la central respecto del proyecto pronto se transformó en rechazo, incluso de parte de los sectores más moderados. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apostó entonces a incluir en el paquete una iniciativa reclamada por los sindicatos. La concesión no resultó suficiente, al menos por ahora.

El proyecto más importante promueve la formalización de los trabajadores no registrados, el llamado “blanqueo laboral”. El segundo instaura un régimen de pasantías y el tercero crea, a pedido de los sindicatos, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, un organismo pensado para reducir el nivel de juicios por prestaciones que soportan las obras sociales sindicales.

Los puntos más polémicos

- El blanqueo laboral prevé la eximición del pago de multas y la condonación de deudas de empleadores de hasta el 100 por ciento.

- El Estado le reconocerá a los trabajadores blanqueados un máximo de cinco años de aportes previsionales, en una suerte de moratoria.

- Para el cálculo de las indemnizaciones se excluirá de la base salarial el aguinaldo y las bonificaciones.

- Otro cambio es la limitación del concepto de irrenunciabilidad, que impide los acuerdos entre empleadores y empleados que impliquen un retroceso en las condiciones de trabajo.

Como en el proyecto original, el blanqueo laboral propuesto prevé durante un año la eximición de sanciones y condonación de multas por aportes adeudados para los empleadores que registren a sus empleados en negro. El perdón será del 100 por ciento en los primeros seis meses desde la reglamentación de la ley y del 70 por ciento en los segundos seis meses. En simultáneo, el Estado les reconocerá a los trabajadores un máximo de cinco años de aportes previsionales, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo.

El régimen de pasantías que se propone en el segundo proyecto, bautizado “sistema de prácticas formativas”, prevé que ese vínculo tenga una duración de un año, prorrogable por seis meses, y una carga horaria no superior a las 30 horas semanales. “En ningún caso los noveles graduados o alumnos sustituirán, competirán o tomarán el puesto de los trabajadores en donde lleven a cabo [las prácticas]”, dice la iniciativa.

Pese a esa aclaración, la reinstauración de las pasantías genera resistencia en los sindicatos, que las consideran un modo de “precarización laboral”. Pero está lejos de ser el punto más cuestionado de la reforma. El artículo que generó la reacción más airada de sindicalistas y dirigentes de la oposición es el 37, que modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido.

En la determinación del monto de las indemnizaciones, propone el proyecto del oficialismo, quedarán excluidos de la base salarial el aguinaldo, los premios, bonificaciones y todo reconocimiento de gastos, como puede ser el pago de la cuenta del teléfono celular. En definitiva, ante un despido sin causa, el trabajador recibiría menos de lo que debería cobrar con la ley actual.

Otro punto resistido por los sindicatos es la creación del “fondo de cese laboral”. El proyecto establece que las empresas deben aportar todos los meses un monto fijo por cada uno de sus empleados. En caso de despido, la indemnización será afrontada con ese dinero, administrado por un ente con representación de trabajadores y empresarios.

Ante la resistencia de los sindicatos, el proyecto de Pinedo eliminó los artículos que facilitaban la tercerización y la subcontratación, así como los que flexibilizaban el criterio conocido como ius variandi, que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador.

La iniciativa mantiene, en cambio, la limitación del concepto de “irrenunciablidad”, que estipula que son nulos los acuerdos entre empleadores y empleados que impliquen un retroceso en las condiciones de trabajo. De acuerdo con el proyecto, se podrá renunciar a los contratos individuales que sean superadores de los convenios colectivos del sector correspondiente.

Si se confirma la advertencia opositora y la reforma no avanza, el oficialismo deberá conformarse con abordar el resto de la agenda pendiente. No es una tarea exenta de obstáculos. El peronismo en el Senado ya avisó también que no apoyará la reforma electoral. El escenario, lo saben las principales espadas de Cambiemos en el Congreso, se irá complicando a medida que se instale la batalla por las elecciones de 2019.

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