¿Qué propone el proyecto oficial?

23-03-2009

Luego de la presentación del proyecto que reemplazará a la vigente ley de radiodifusión (22.285) los medios, gráficos en especial, dedicaron parte de sus espacios al tema. La oposición, por su parte, se alineó con los tapones de punta a decir que “se trata de amordazar a la prensa” o “que, en todo caso, no es el momento” por la situación que vive el país.

Lo cierto es que según la presidenta, “hay un plazo de 60 días para discutir el proyecto”, antes de que ingrese al Parlamento. Aunque nada se ha dicho todavía cómo se hará el debate.

Perfil - a través de la nota de Barros - explica alguno de los cambios principales que propone la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como ser la limitación a los multimedios impidiendo “a los dueños de canales de aire ser propietarios de cables en la misma área geográfica en la que operan”.

Otro de los puntos más importantes del proyecto es que “permite a las empresas de servicios públicos brindar servicios de televisión o radio”. Esto significa que las telefónicas o las distribuidoras de electricidad podrán tener licencias bajo su nombre.

Este punto del nuevo proyecto hace entrar al mercado a las cooperativas de servicios públicos, que estaban limitadas para ser licenciatarias. Si bien la ley vigente, a través de una de sus últimas modificaciones, ya permitía a las organizaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión; no así a las cooperativas de servicios públicos (que también son organizaciones sin fines de lucro). Con el nuevo proyecto, estas empresas de la economía social accederían a la titularidad aunque no deberán contar con “subsidios cruzados para evitar precios por debajo del costo”. En algunas localidades, deberán pedir además autorización a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para resguardar a los pequeños operadores de cable preexistentes.

¿Quién gana y quien pierde?

Según Barros, si el proyecto se aprueba en el Parlamento “Clarín deberá optar por quedarse con Canal 13 o Cablevisión-Multicanal”. “Además de desprenderse de sus canales de aire en el interior, deberá desinvertir en el negocio de televisión paga, ya que tiene 47% de los abonados del país y el proyecto de la nueva ley impone un tope de 35%”.

Otro afectado será el Grupo Uno, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, que son propietarios de varios canales de aire en el interior, donde además poseen Supercanal, la tercera red de cable del país.

Cadena 3, en tanto, debería desprenderse de varias de sus radios ya que la ley limita el número de licencias en el país.

Por su parte, consigna Perfil, las empresas de telefonía y DirecTV “son las ganadoras”. Las primeras quedarían habilitadas para “sumar el servicio de televisión paga a sus redes. Para hacerlo, deben formar compañías que mantengan cuentas separadas con su negocio original, de manera de evitar subsidios cruzados”.

“DirecTV es una de las principales ganadoras, porque como operador satelital quedó exceptuado de cumplir con el máximo de 24 licencias para televisión paga y, con sólo una, cubre todo el país”, explica Rodolfo Barros.

Triple Play

Según Barros, “El proyecto oficial para regular a los medios audiovisuales y las radios no habla de triple play. Pero determina que las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, pueden ofrecer televisión o radio”.

El triple play es la posibilidad de dar telefonía, Internet y televisión paga en un mismo paquete. Actualmente, muchas empresas en el país ya lo ofrecen.

Leer nota Diario Perfil

Cecilia Ghiglione / [email protected]

Suscribite al newsletter

COLSECOR Noticias

* no spam