PUEBLO ROBADO

01-08-2016

Se pide certificado de buena conducta para cualquier actividad pero los antecedentes de quienes aspiran a conducir los destinos de la cosa pública no cuentan lo suficiente como para tener garantías de honor y decencia.

Alguien puede decir que esto no es de ahora, es de siempre. Puede ser cierto. Sucede que en este tiempo hay una importante carga informativa en los medios de comunicación que describe los innumerables delitos ocasionados por aquellos que con responsabilidades colectivas, representando a la ciudadanía, se llevaron enormes cantidades de dinero originarios del erario público.

También en tono indulgente se puede llegar a agregar que es un fenómeno mediático y que lo que verdaderamente cruje es la economía que atraviesa el país gobernado por la fuerza política electoral llamada Cambiemos. Más, menos, puede argumentarse que esto que está ocurriendo sirve para que no se hable de lo que verdaderamente puede llegar a ser importante, como que la plata no alcanza para llegar a fin de mes, que hay miles de despidos, que los dólares aun no llegan para la inversión en proyectos productivos. Así puede enunciarse un extenso temario que sin lugar a dudas es parte de la agenda que tiene que resolver la actual administración elegida el 10 de diciembre del año pasado.

Ahora bien, el sol no se tapa con las manos de los delincuentes. El pueblo no es tan ingenuo como para no distinguir entre cuentos policiales y los robos obvios que no resisten el mínimo cruzamiento con los datos que arrojan los negociados que repugnan. Hay un antiguo dicho popular: “si el pueblo no sabe, adivina”. Acá todo parece conducir a lo evidente, que requiere la confirmación de las investigaciones que efectúen los juzgados de la Nación y con ello las sentencias para evitar los mantos de dudas.

La impunidad es un mal de males que debe ser extirpado si pretendemos como República tener un destino de grandeza moral. Lamentablemente carecemos de ética y estamos sumergidos en un fango que obtura el progreso genuino. Sí, hay de sobra enriquecimientos poco explicables.

En este punto hay que ser sumamente claro: la mayor responsabilidad siempre se encuentra en el Estado. Tenemos memoria y hemos madurado bastante como para entender el desacierto de la atroz teoría de los dos demonios que diseñó la dictadura cívico militar al querer poner en igualdad de condiciones a las cúpulas genocidas con las organizaciones armadas en los setenta.

Hoy, ante los casos de corrupción, la mayor rigurosidad de la ley debe caer sobre el que genera las condiciones para el robo desde el sector estatal. Si la plata de un contratista del Estado fue a los bolsos de un funcionario, primero se la dio el mismo funcionario que estaba en el gobierno.

Gran parte de la demanda social nace de la espectacularidad de las imágenes que brindan los hechos indeseados. Son tragedia y violencia. Provoca irritabilidad y multiplica la intolerancia llevándola a juzgamientos desacertados de todos los otros modos de pensar la política que nada tienen que ver con lo delincuencial.

Todos esperamos que la democracia evolucione con el aprendizaje del perjuicio que genera corrupción. Diversos estudios de opinión pública indican que hoy es una de las mayores preocupaciones que tiene la población. Estamos transitando un momento de estrechez de la economía. Si el tema trasciende los ocasionales bolsillos flacos que pueden volver a estar más gordos y se jerarquiza, estaremos ante una nueva fase de experimentación: la del desarrollo sostenible. Porque de lo contrario, si solo nos vamos a quedar con chivos expiatorios y no se quiebra el sistema pensado para corromper estaremos ante una regresión permanente al país de fantasía. A la Argentina trucha.

Finalmente la justicia se legitima si hace justicia en tiempo y forma. Veremos. Es una gran oportunidad para volver a ser crédulos.

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