Osvaldo Aguirre | Escritor y periodista
La propuesta era tentadora. Una escuela de modelos de San Miguel de Tucumán seleccionaba mujeres de 12 a 30 años para un desfile. No se requería experiencia, el pago se hacía en efectivo y el anuncio podía consultarse en Facebook. Pero las ilusiones de las postulantes se convertían en pesadilla apenas aceptaban el supuesto ofrecimiento: en realidad se trataba de una red que captaba jóvenes para la explotación sexual.
La pretendida escuela de modelos fue allanada en Tucumán el 26 de septiembre después de una denuncia de la ONG No a la Trata, de Catamarca, en el teléfono 145. La policía local detuvo a dos hombres y rescató a una menor de 16 años.
La organización buscaba el perfil de víctima habitual: mujeres adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Y sus integrantes recurrían a procedimientos igualmente típicos: “extorsionaban y coaccionaban a sus víctimas usando distintas estrategias para restringir su libertad, desde amenazas de muerte o de la difusión de videos íntimos hasta la manipulación psicológica”, informó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Un mecanismo de funcionamiento consagrado por la costumbre y la impunidad.
Un delito naturalizado
Las denuncias del movimiento de mujeres, la acción de las ONG impulsadas por familiares y las denuncias públicas de víctimas de la trata fueron determinantes para visibilizar un delito naturalizado por estereotipos machistas y prejuicios del llamado sentido común y promover su persecución penal.
La desaparición de Marita Verón, el 3 de abril de 2002 en Tucumán, señaló un hito tanto porque expuso las demoras y negligencias de la Justicia (que en primera instancia absolvió a los acusados, en diciembre de 2012), como porque detonó una reacción social que derivó en la condena final de los responsables y en la sanción, en 2008, de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Como resultado de la sanción de la ley, en septiembre de 2009 la Justicia Federal inició la causa “de Las Casitas”, como se conoció la investigación sobre el barrio prostibulario de Río Gallegos, en Santa Cruz: una red de 20 prostíbulos ubicados uno al lado del otro a lo largo de dos manzanas, donde fueron rescatadas 111 mujeres.
Según Esclavitud Cero, un programa de denuncia e investigación de la trata de mujeres, los prostíbulos pagaban una especie de canon mensual a la intendencia de Rio Gallegos. Las mujeres rescatadas provenían de distintas provincias -31 eran de Santa Fe- y de Bolivia, Paraguay y República Dominicana, y estaban distribuidas en los burdeles según su procedencia.
Entre “las casitas” de Río Gallegos estaba “Las gatitas de Marta”, donde había mujeres de Córdoba y Santa Fe. Sonia Sánchez, exvíctima de trata y activista por la abolición de la explotación sexual, denunció que en ese lugar las recién llegadas eran sometidas a un ritual de violación múltiple por parte de los proxenetas y sus allegados, que en la jerga interna se llamaba “bautismo”.
Las víctimas dijeron haber sido engañadas a través de falsas ofertas laborales publicadas en diarios locales y, en algunos casos, por conocidos que habían actuado como enlace con los proxenetas. No manejaban dinero, sino que llevaban una pulsera que contabilizaba los “pases”, como se llama a las relaciones sexuales impuestas a las mujeres; les descontaban los gastos de ropa y comida y en cada jornada tenían que atender a decenas de hombres sin horario regular.
Los avances legales
Según estadísticas de la Protex, en los 10 años de vigencia de la ley contra la trata se dictaron 267 sentencias condenatorias respecto de 584 personas. En 2017 se abrieron 237 investigaciones y se registró el mayor número de denuncias en la línea 145.
Entre esas condenas se destacó la causa del prostíbulo El Sheick, en Ushuaia. La investigación comenzó en 2011 y llevó a la condena de tres imputados por trata de personas y del propio Estado municipal, que actuó como “un verdadero estado rufián o proxeneta”, según los jueces, ya que los funcionarios municipales iban al prostíbulo para pedir a las víctimas la exhibición de las libretas sanitarias. Fue, además, la primera causa en que una víctima -Alika Kinan, convertida en militante contra la trata y la prostitución- actuó como querellante contra sus explotadores.
El dato no es anecdótico sino que apunta a un problema central en la investigación de la trata: las víctimas no suelen identificarse como tales y la combinación de la violencia extrema que atravesaron, su vulnerabilidad y el temor a represalias hace que no declaren contra los proxenetas. “Reconocerse como víctimas es muy doloroso, muy vergonzoso”, dijo entonces Alika Kinan.
La causa “El Sheick” mostró que el sistema prostibulario funcionaba en Tierra del Fuego según prácticas de rutina. Antes de ingresar al burdel, las mujeres eran llevadas ante la Policía para comprobar que no tenían antecedentes delictivos, y después al municipio, para gestionar su libreta sanitaria. “Los exámenes no cuidaban a las mujeres sino a los hombres que las iban a consumir”, destacó Kinan.
Luis Rogers, exintendente de Lonquimay
En otra causa por trata de personas con fines de explotación sexual, el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, fue condenado en junio de 2017 a cinco años de prisión. Rogers había habilitado un prostíbulo en el rubro “servicios de salones de baile” y firmaba las libretas sanitarias de las mujeres. “Es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”, se justificó. También fue condenado un subcomisario de la Policía provincial, quien garantizaba con su presencia personal la sumisión de las víctimas.
Los encargados de reprimir la trata son, con frecuencia, los que posibilitan su funcionamiento. El secretario de Seguridad de Comodoro Rivadavia, Antonio Zúñiga, otros dos funcionarios municipales y dos jefes policiales de la ciudad chubutense fueron procesados por recibir dinero de manera periódica entre 2010 y 2016 para permitir el funcionamiento de departamentos y prostíbulos.
En la ciudad correntina de Paso de los Libres, el exfiscal federal Benito Pont, el excomandante mayor de Gendarmería José María Viero y dos abogados fueron procesados el año pasado como parte de una organización criminal que al momento de los procedimientos explotaba a 38 mujeres en distintos prostíbulos. Las víctimas fueron instruidas para no colaborar en la investigación, que además tropezó con obstáculos por los contactos de los imputados en el sistema judicial, que según la acusación de la fiscalía “avisaban con antelación cada allanamiento a practicarse en los locales, de manera tal que les diera a los administradores un margen suficiente para, cuanto menos, no dejar dentro de los prostíbulos a las menores de edad que eran prostituidas allí, y eliminar evidencia incriminadora”.
La fiscalía de Paso de los Libres pidió que se indemnizara a las víctimas, “que han sido objeto de un menoscabo en su cuerpo y psiquis, en su capacidad de decisión -al punto de ser reducidas a su expresión mínima-, de una despersonalización tal que significó una cosificación” y además inició otra causa vinculada con la anterior, que llevó en junio de este año al procesamiento de 11 personas por lavado de dinero de la prostitución y del narcotráfico a través de sociedades fantasma.
Sin embargo, la Justicia no actuó con la misma determinación en otras causas. En abril de 2017, después de un trámite de nueve años, la investigación en torno al prostíbulo La Posada se cerró en Mar del Plata con la absolución de los acusados y un desempeño muy cuestionado del fiscal Juan Manuel Pettigiani; solo una de las absoluciones fue revocada y dio lugar más tarde a una condena. En junio de este año, la Justicia Federal de Santa Cruz impuso por su parte penas leves (prisión en suspenso) a los acusados por el caso de una mujer, Francisca Argañaraz, que fue llevada con engaños desde Salta hasta Río Gallegos, y prostituida bajo amenazas de muerte en un local del barrio de Las Casitas.
Sin eufemismos
Sonia Sánchez escribió un libro al que llamó Ninguna mujer nace para puta. El título responde a su prédica contra los prejuicios que rodean a la prostitución -el principal, que hay mujeres a las que les gusta ser explotadas- y a los eufemismos que disimulan los abusos: la palabra “cliente” en lugar de prostituyente, o “trabajo” para lo que en la práctica es una violación.
“Hay que desmitificar que la puta elige, menos que menos dentro de un prostíbulo, cuando tenés un proxeneta que te fuerza a que respondas y te recuerda que los clientes son de la casa”, coincidió Alika Kinan a propósito del juicio en la causa “El Sheick”.
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) defiende en cambio la expresión “trabajadora sexual” para referirse a las mujeres prostituidas y reclama una normativa para encuadrar la actividad. En el expediente de “las casitas” de Río Gallegos, la secretaria general, Georgina Orellano, dijo que la prostitución se volvió más clandestina a partir del cierre de los prostíbulos y entonces las mujeres se expusieron a mayor explotación.
Sin embargo no quedó claro cuál era la ventaja, por ejemplo en el caso de Francisca Argañaraz, de permanecer virtualmente encerrada en el prostíbulo, sin contactos con sus familiares. El aislamiento de la mujer es una clave para su explotación por parte de las organizaciones de trata, que además sacan provecho de la pobreza, las adicciones y las situaciones de violencia de género que arrastran las víctimas.
La red que traman las organizaciones criminales vuelve a extenderse puertas adentro de los prostíbulos. Las 16 mujeres paraguayas rescatadas en el prostíbulo La Posada tenían que pagar el alquiler de las piezas donde las explotaban, la comida que recibían y hasta los artículos de limpieza que utilizaban. Los tratantes también imponen multas a las mujeres si contestan mal o se resisten a algún pedido de los hombres prostituyentes. El día de abandonar el burdel nunca llega.
En abril de 2015 la Justicia bonaerense cerró un prostíbulo que funcionaba en un campo cercano a la ciudad de Azul. Las mujeres esclavizadas en el lugar arrastraban historias penosas: una de ellas, en particular, había sido abandonada por sus padres y obligada a mendigar desde niña; había padecido violencia física y además un abuso sexual en una casa donde pidió ayuda; fue madre a los 15 años y su hijo murió por los malos tratos del padre.
Para Sonia Sánchez, “el discurso del trabajo sexual se basa en que la puta adquiera un falso orgullo y una falsa toma de decisión. Como la puta está atravesada de violencia y de humillación, ese discurso es como un corset que la mantiene muy erguida frente a esa violencia que padece en la esquina o en un prostíbulo. El que decide es el varón prostituyente”.
Un mercado que se recicla
En septiembre pasado la responsable del programa nacional contra la trata, Zaida Gatti, declaró que “las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego siguen con el mayor nivel de explotación sexual de mujeres” y advirtió que la Justicia Federal, en Santa Cruz, “no inicia investigaciones” sobre el tema. La causa de las casitas quedó paralizada por más que la fiscalía federal reiteró el pedido de indagatoria para los acusados.
En junio de este año los Gobiernos nacional y provincial comenzaron cursos de capacitación en Santa Cruz para los obreros que trabajarán en la construcción de dos represas en la provincia. Según el proyecto, la obra incorporará hasta 5000 trabajadores.
Como parte de la capacitación, miembros del programa contra la trata y la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas) hicieron campañas de sensibilización con los futuros trabajadores. Al preguntarles en qué pensaban gastar los sueldos, un porcentaje mayoritario de las respuestas mencionó a los prostíbulos. La falta de respuesta de la Justicia inactiva y la indiferencia social ante las causas profundas de la trata de mujeres tienen sus consecuencias: los circuitos más lucrativos del crimen organizado encuentran allí las condiciones para reactivarse.
