El próximo mes, el Gobierno de Corrientes hará efectiva la aplicación del decreto 3253/16 donde le quita la concesión del servicio de energía a la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro, en el noroeste correntino.
Según explican referentes de la entidad, desde la publicación del decreto en diciembre pasado “la única propuesta que tenemos es la aceptación del traspaso, lo que entendemos como una imposición, no una propuesta”, aclara el gerente de la entidad, Gonzalo Cabral.
Hasta el momento, han sido infructuosas todas las instancias de diálogo planteadas durante este año con la intermediación de las diversas federaciones que representan a las cooperativas eléctricas.
El decreto provincial por el cual se le quita la concesión del servicio eléctrico a la cooperativa de Virasoro no se origina a partir de un servicio deficiente por parte de la prestataria.
“Desde lo legal la medida es improcedente. El problema es que si ellos toman posesión, la Justicia no resolverá en menos de dos o tres años y desde el punto de vista de los ingresos de la cooperativa, nos deja en una compleja situación económica”, dice Cabral.
Los cooperativistas entienden que la normativa es ilegal porque el Gobierno provincial no tiene la concesión del servicio sino que es el Municipio. De todos modos, el gobierno local ha sabido mantenerse callado ante los reclamos del prestador eléctrico.
Como el 10 de diciembre asume en Corrientes un nuevo Gobernador, la estrategia del sector cooperativo es armar una mesa de diálogo “razonable”. Desde el actual Gobierno sólo dicen que la cooperativa “tiene que aceptar esta condición y no reconocen ningún tipo de inversión ni mejoras que hayamos hecho. No hay ningún tipo de inflexión ni de razonabilidad para sentarse a dialogar. Tampoco hay garantía si van a pagar las líneas que son propiedad de los asociados”.
Trasfondo
La cooperativa tiene la propiedad del 85% de las líneas que se encuentran dentro del área de concesión que se extiende a las poblaciones de Virasoro, Ituzaingó, San Carlos, Liebig, Santo Tomé, Garruchos y Garabí. El otro 15% le pertenece al Estado provincial. En el año 2000, para subsanar este problema se traspasó ese porcentaje (15) del tendido a la cooperativa; ese plazo de uso venció el año pasado. “Con esa excusa del fin del acuerdo, la Provincia saca este decreto que nos quita toda la concesión. En principio nos preguntamos: ¿se equivocaron o lo hicieron a propósito? Lógicamente lo hicieron a propósito”, sostiene el gerente de la entidad.
Hace 16 años, el servicio en la región era deficitario. Había 700 usuarios y no había industrias. Hoy esta zona de Virasoro tiene un desarrollo productivo con más de 3.000 usuarios y casi 70 industrias. “La ecuación económica ha cambiado. Entonces, lo que ahora pretende el Gobierno es la zona productiva y darnos a nosotros las marginales, a los usuarios rurales. Quieren darnos una línea que está a 100 km de Virasoro prácticamente”, explica Cabral.
Apoyo federativo
Tanto la Federación de Cooperativas Correntinas (Fedecoop), la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem) como la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face) han expresado públicamente su preocupación por la situación de esta entidad asociada. Todas las integraciones han intervenido activamente en la búsqueda del diálogo que no ha dado resultados favorables.
La Fecem expresó “su más profundo descontento por esta medida arbitraria que contamina innecesariamente la función social que presta el sector cooperativo todo”. La entidad que preside Ángel Kuzuka puso de relieve que no exite en este caso una reclamo de los asociados por la prestación “Por el contrario, comparativamente con otras regiones, es de una excelente calidad. Por lo que no podemos menos que rechazar contundentemente esa decisión del Gobierno de la provincia de Corrientes”.
José Álvarez, presidente de Face Nacional, rechazó el decreto 3253/16 “por ilegítimo e ilegal implicando la violación del estado de derecho y una verdadera expropiación de los bienes de una cooperativa, lo que en la práctica implica la quiebra de la institución con la perdida de ochenta puestos de trabajo directos”.
Daniel Cortez, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Monte Caseros y representante correntino en la federación nacional, expresó a este medio que se llevará na cabo acciones administrativas y judiciales en defensa del cooperativismo.
