Con el convencimiento de que la educación cooperativa es necesaria, y que educar es responsabilidad tanto del sector Cooperativo como del gobierno, distintas entidades cooperativas presentaran un petitorio ante el poder ejecutivo para que se cumpla con lo fijado por la ley provincial 7.734.
Actualmente hay más de 13.5 millones depositados en el Banco de la Provincia que provienen de los aportes que pagan las cooperativas para educación sobre los valores cooperativos.
El dinero proviene de la coparticipación de la ley nacional 23.427 y según lo fijado por la Ley provincial 7.734 dichos fondos tienen por finalidad “Promover la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza y promover la creación y desarrollo de las cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico”.
Desde año 2000 a la fecha no se han destinado las partidas para los fines especificados debido a que el Consejo Asesor creado por el artículo 6 de la misma ley, no está en función.
Por ello, es que dirigentes del sector cooperativo reiterarán el pedido de constitución de dicho consejo y el comienzo del ejercicio de sus funciones según lo dicta la ley.
No cabe duda de que dadas las circunstancias económicas y sociales que nos toca vivir es necesario tomar medidas tanto urgentes como a mediano y largo plazo.
Pero para obtener los resultados que desea la población, es imprescindible hacerlo a partir de una planificación eficiente que promueva la enseñanza de los valores cooperativos.
Así es que han pasado ya dos años desde que el poder ejecutivo dictó el Decreto 1171/2003 disponiendo la incorporación en los contenidos de la enseñanza formal de la educación cooperativa y en provincias como Jujuy y Córdoba, se está reclamando la asignación de los recursos que corresponden por ley para efectuar la promoción del cooperativismo.
Para quienes promueven la acción es hora de que la enseñanza y promoción del cooperativismo deje de realizarse de manera aislada.
