Tras más de dos semanas de la intervención, bajo la modalidad de veedor, realizada por el abogado designado por el Juzgado Civil 3, Edgardo César Monti, no se habría cumplido con el fallo judicial que establecía la proclamación de los delegados electos en los comicios de noviembre pasado. Tras esto se debía realizar una asamblea que elegiría a las nuevas autoridades.
El actual interventor dispuso de quince días hábiles para verificar la realización de la dilatada proclama y deberá presentar un detallado informe en el Juzgado Civil 3 donde además de los hechos presenciados aportará pruebas documentales de distinto tipo.
Este informe y un acta de una escribana que presenció la última sesión del consejo de administración serán las pruebas que aportarán los integrantes de la Lista Naranja para solicitar el agravamiento de la medida que derivaría en la remoción de todas las autoridades y que representa un fuerte gasto económico para una entidad social.
