Coincidimos con esta prioridad porque la consideramos un punto nodal del desarrollo sostenible de la sociedad que conformamos.
La Universidad Católica Argentina durante el año 2015, informó que de acuerdo al relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, hay más de 10 millones de pobres en nuestro país. Dato alarmante porque hace referencia a que un cuarto de los argentinos se encuentra en situación de pobreza.
Se habló tanto, siempre, de Argentina como país rico, que esta referencia estadística pone al desnudo la fragilidad que en este ámbito nos constituye como Nación. La altísima concentración de la riqueza sigue inalterable y la matriz, lejos de modificarse, se ha consolidado. Los avances en cuanto a políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo han tenido un consenso amplio pero está claro que son un soporte para garantizar una correcta alimentación y no mucho más.
La ausencia de educación de calidad en los espacios demográficos más vulnerables es una demostración cabal de lo lejos que estamos de una solución para diseñar el ascenso de los pobres a un plano de vida digna.
A nivel sanitario puede mencionarse que los hospitales públicos no son elegidos por los políticos que integran los distintos poderes del Estado.
Esa es una clara presentación de cómo funciona la salud en nuestro país.
Mucha pobreza hay en los autores de los delitos y en las cárceles. Tienen tanta inseguridad los carenciados como aquellos que tienen trabajo formal. La precariedad abunda. Si las personas son lo más importante en una democracia y en una República y sucede esto que con matices podemos acordar, ¿No será hora que redefinamos que país somos? ¿Rico o pobre?
Sin duda que aquí en Argentina, a diferencia de los países desarrollados, la distribución de la riqueza no tiene la equidad como eje. Tampoco está presente la igualdad de oportunidades.
Tanto falta hacer, que la sola mención de una política que plantee “pobreza cero” aparece como un slogan que sobre la base de utopía viene a decir algo que casi nadie cree como posible. Creemos que desestimar la explicitación que formuló el Presidente sería una irresponsabilidad frente a un noble desafío. Deben construirse las decisiones para crear las condiciones para que ese enunciado no quede solo reducido a palabras bien intencionadas.
La política pública y el cooperativismo son parte de este tema central, porque si hay un tipo de organización que construye equidad e igualdad es una empresa de la economía social. Los precios justos, el consumo responsable y el compromiso con las comunidades, son testificaciones que se pueden contar de a miles en nuestro suelo. Hay un continente solidario desde donde dar la batalla por los que menos tienen y allí el Poder Ejecutivo Nacional puede observar y poner en común acciones para vencer la marginalidad que tanto desintegra el sentido humanitario. Para utilizar un término tan mediático de este tiempo, esta es la verdadera grieta, porque es social y no discursiva. Existe y no se puede soslayar. Llamativamente poco presente está en la agenda del debate de la actualidad. Será que necesitamos distraernos con tantos dimes y diretes para evitar asumir el compromiso de cerrar esta verdadera brecha que puede implicar una contundente renuncia a tantas ostentaciones para dar lugar a una efectiva transferencia de recursos que busque resolver las condiciones para que los derechos de tantos ciudadanos que hoy padecen el desamparo y la indiferencia puedan ser plenamente ejercidos.
Las entidades sin fines de lucro son organizaciones que no miran al costado cuando hay crisis. Como ya lo hemos dicho en el año 2013 cuando se editó el libro institucional de COLSECOR, en el periodo de crisis del 2001 - 2002 las cooperativas fueron “el obrador en el baldío de los escombros”. Nos moviliza el objetivo de vivir en un mundo más justo. Tenemos generosidad para trabajar en conjunto y comprendemos la diversidad, porque sobre ella nos forjamos desde que nacimos.
