El Parlasur funciona desde el 2007, tiene sede en Montevideo y lo componen los países miembros del Mercosur (Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay y Uruguay).
Durante estos ocho años, el Parlasur fue principalmente un órgano consultivo y simbólico. La razón principal es que sus diputados son elegidos por los parlamentos de cada uno de los países y no por los ciudadanos. De esta manera, las decisiones que pueden tomar están acotadas, ya que no tienen origen en la soberanía popular en forma directa.
Ubicado en Montevideo, frente a la rambla, el Parlasur debe reunirse una vez por mes.
El organismo supranacional aún no tiene la facultad de sancionar leyes. "Las resoluciones del Parlasur funcionan como recomendaciones a los países, que eventualmente tienen que ratificar las decisiones en sus propios congresos", Los actuales miembros argentinos del Parlasur trabajan "ad honorem", porque no pueden cobrar un doble sueldo.
El funcionamiento y su peso político
En un principio cada país tenía la misma cantidad de miembros (18), algo que no preocupaba a nadie, en tanto el órgano no poseía un peso político relevante.
Con el tiempo, después de muchas negociaciones, se llegó a un acuerdo en el Mercosur para lograr una “representación atenuada” entre todos sus socios. Esto significa que cada país tendrá un peso vinculado a su volumen electoral, pero sin que ninguno pueda alcanzar una mayoría absoluta por sí sólo. De esa combinación salió entonces que Brasil tenga 75 diputados, la Argentina 43, Venezuela 33 y Paraguay y Uruguay 18 cada uno.
Ese acuerdo permitió iniciar el proceso para que el órgano tome relevancia, para esto es necesario que los propios ciudadanos del Mercosur voten a sus representantes al Parlasur.
En el 2013 Paraguay, que volvía a los foros regionales después del quiebre democrático que expulsó a Lugo del gobierno. Fue el primer país que eligió a sus 18 miembros de manera directa. Argentina será el segundo país, cuando en octubre elija a sus 43 diputados.
Esta dinámica sin duda acelerará el proceso, impulsando al resto de los países una agenda electoral menos flexible. Brasil anunció que hará lo propio en las próximas elecciones generales de 2018 y Uruguay en el 2019. La fecha en Venezuela es una incógnita, pero una vez que Argentina y Brasil tengan su representación directa estará presionado para cumplir
Lo más interesante del Parlasur es que, por primera vez, la integración regional va a dejar de ser un asunto exclusivo de las cancillerías y los Presidentes, y tendrá un espacio político conformado por la voluntad de los ciudadanos.
Ese cambio, cambia todo. Porque, entre otras cosas, va a permitir que por primera vez se dejen de ver los asuntos de la integración desde las perspectivas nacionales (Lo que quiere “Brasil”, lo que quiere “Argentina”, lo que quiere “Uruguay” y así) para pasar a un debate donde afloren los acuerdos y diferencias ideológicas. Por ejemplo, en el futuro Parlasur, sería muy lógico que las bancas del Frente para la Victoria voten en sintonía con las del PT de Brasil o el Frente Amplio Uruguayo. Y, al mismo tiempo, las del PRO hagan lo mismo con el Partido Blanco o Colorado de Uruguay o el PSDB brasileño.
¿Cómo se eligen los representantes en nuestro país?
Este año los argentinos podrán elegir por primera vez a través del sufragio universal y obligatorio a los 43 parlamentarios representantes del Mercosur, tal como fue aprobado por el Senado de la Nación el 29 de diciembre de 2014. Son 19 los diputados que representarán al distrito nacional, y 24 a las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Cada partido presentará en su boleta una lista de candidatos a parlamentarios del Mercosur a nivel nacional (la misma en todo el país), es decir por distrito único. Por sistema D'Hont (el mismo que se aplica al Congreso) se definirán 19 que integrarán el organismo supranacional. Por otra parte, se elegirán 24 miembros más, uno solo por cada provincia, que postulará cada sello a nivel regional.
El Parlasur no puede funcionar como un mágico paraíso de fueros: sus diputados tienen los mismos beneficios y obligaciones que ya existen en cada uno de sus países. Y en el caso de la Argentina, la ley 25.320 (sancionada por el gobierno de la Alianza en el año 2000, después del escándalo de los sobornos en el Senado) deja en claro que la inmunidad parlamentaria se limita a preservar de la detención física, pero no del curso de la imputación ni, desde ya, de la condena.
