Gallino asesora a la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face) en política energética y tarifaria desde 1977, también es ex Subsecretario de Energía de la Nación (2001/2002). Para el experto, no cabe duda de que las acciones del actual Gobierno sobre la política energética tienen un efecto directo sobre las cooperativas prestatarias del servicio público en el país.
Lejos de un nuevo marco regulatorio energético, hay evidentes cambios en la política energética nacional en comparación con los años 90. ¿Cuáles son en su opinión los más trascendentes?
Ha habido cambios importantes que se pueden leer a través de las medidas que se han tomado. Un aspecto relevante es que el Estado ha asumido la generación de energía. Esto responde a que el sector privado no ha tenido la iniciativa de incorporar nuevas centrales frente a una demanda que ha ido creciendo sostenidamente en los últimos años. Está claro que llegaría un momento donde la potencia disponible no sería suficiente para toda la demanda y el Estado ha construido una central cerca de Santa Fe, otra cerca de Campana, ha incrementado la cota de Yaciretá y está construyendo la central de Atucha. Esto en la década de los 90 hubiera sido imposible porque el Estado se había autoexcluido de construir centrales.
Otro cambio importante es que el costo de la energía mayorista ha ido incrementándose porque frente a una escasa oferta generan centrales de peor rendimiento.
Otro aspecto importante es el mercado eléctrico. Existe un mercado eléctrico, aunque no lo vemos, donde las empresas tienen la posibilidad de comparar la energía. Y ese mercado hasta hace poco tenía un precio sancionado, un valor da transacción. Recientemente con algunas normativas se ha ido variando esto y se asocia un precio de la energía en el mercado según sea el tipo de consumo. El precio de la energía es menor si el consumidor es residencial, a diferencia del industrial. Esto puede parecer poco justo, al fin y al cabo la energía es la misma, pero el criterio está en que el uso que se hace de la energía es distinto para quien lo utiliza para producir un bien con el cual va a ganar un beneficio económico respecto de aquel que lo usa para satisfacer una necesidad propia.
Otro punto es reconocer que la energía eléctrica es un bien imprescindible para la vida cotidiana: necesitamos de la calefacción, de la refrigeración, etc. Hoy la energía no es un lujo o algo superfluo, es esencial; es como contar con agua potable. De ese modo ya no existe la posibilidad de decir a quien no paga se le corta el servicio. De eso modo hoy se sostiene que debe existir una tarifa social fuera de los costos que genera y aún para quien no pague que tenga derecho a recibir cierta cantidad de energía razonable. Esas son pautas importantes en la concepción del cambio en la política energética.
¿Y las cooperativas eléctricas como encajan en esta política?
Las cooperativas son también un elemento en la cadena y si esta es la política saber reconocerla es importante para desenvolverse en ese marco.
Entonces mayor demanda, mayor costo de la energía pero tarifas casi congeladas que indican que la energía se paga en función de la capacidad de pago del usuario y no del costo real. Frente a esto ¿qué medidas deben tomar las cooperativas que frecuentemente demandan un aumento tarifario?
Las cooperativas demandan aumento tarifario porque se dan cuenta que lo que recaudan no resulta suficiente. La idea de un incremento tarifario hay que analizarlo cuidadosamente, si realmente se puede pagar y que grado de armonía existe con los demás prestadores. No necesariamente la solución pasa por aumentar las tarifas. ¿Qué pasa si se aumentan las tarifas y la gente no puede pagar? Lo que sí deben reclamar las cooperativas, a mi juicio, es que les cierre la ecuación vía tarifas o por otra vía. Ese es el asunto. ¿Quién va a acudir a subsidiar la energía que recibe quien no puede pagarla. ¿Deberá ser la cooperativa? No tiene recursos, no tiene recaudación impositiva paralela. Aquel que recauda impuestos y aquella decisión política de suministrar energía aunque no la pague, debe asumir el costo de poder solventar ese servicio y contribuir a que la cooperativa pueda prestarlo en esas condiciones.
¿Esto se podría hacer a través del Fondo Compensador Tarifario?
Podía ser a través del fondo o de cualquier otro mecanismo. Pero aquí hay que intentar buscar soluciones además de detectar problemas.
