Los pampeanos debatieron el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional

27-04-2009

En un Aula Magna de la UNLPam casi colmada, se desarrolló ayer la undécima audiencia pública en el país para debatir la iniciativa, desde que la presidenta Cristina Fernández la presentó en La Plata el 18 de marzo último.El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, que había llegado a Santa Rosa para participar del debate, no estuvo porque viajó de urgencia a Capital a la madrugada, a pedido de la presidenta, para reunirse con parte de la comitiva de su par brasileño. El gobernador Oscar Mario Jorge tampoco asistió.En la audiencia hubo una fuerte participación de los dirigentes de las cooperativas pampeanas, enfrascadas desde hace años en la lucha por derribar la exclusión del servicio radiofónico que estipula la ley vigente desde la dictadura militar.

La adhesión a la ley que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso antes de fin de año, con algunos aspectos que se pretenden revisar, fue clara, junto a varios gremios y la propia Universidad.En la mesa de apertura estuvieron el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación, el pampeano Manuel Baladrón; el coordinador del COMFER, Luis Lázaro; la vicerrectora de la UNLPam, Estela Torroba; el titular de la FEPAMCO, Abel Argüello; el viceintendente Guillermo Di Liscia; el ministro de Gobierno, César Rodríguez, y el secretario general de la CGT, Jorge Lezcano.La ley es un proyecto basado en 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo conformado por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias.Después de su presentación, el legislador Baladrón pidió un minuto de silencio en memoria del fallecido presidente de la CPE, Antonio Skara, un abanderado de la lucha para que las entidades sin fines de lucro puedan participar del espectro radiofónico en el país.Rechazo de cablerosEl primero de la larga lista de expositores que se habían inscripto previamente y contaron con siete minutos para expresarse, fue el representante de la Asociación de Televisión por Cable, Horacio Luis.

Expresó el rechazo al “pobre” proyecto oficial.

Dijo que la “desmonopolización es una excusa, están poniendo en riesgo las PyMEs y llevando al terreno político el control de los contenidos”.El empresario consideró que “quieren crear un espacio para que el Estado sea el controlador de los contenidos”, y auguró que se conformará “un despotismo político que coartará el pensamiento independiente y pluralista”.También defendió la exclusión de las cooperativas y entidades sin fines de lucro porque “son subsidiarias del Estado”. Además, aseguró que las cableras en la provincia “prestan servicio en localidades de cien habitantes, hay producción propia y defienden nuestra cultura”. Adhesión y correccionesEl resto de los expositores, con algunos reparos y matices, manifestó una fuerte adhesión al proyecto.

Los cooperativistas mencionaron la expectativa de que esta ley finalmente se apruebe, después de años de intentos frustrados.

También sumaron sus voces dirigentes de la CTA, el gremio docente y la Universidad.La presidenta a cargo de la CPE, Mercedes Tubán, dijo que “la televisión actual es deplorable, no somos eso que nos muestran, queremos incursionar en la televisión para que nos libere en lugar de esclavizarnos”, dijo. Y aclaró: “No se trata de un monopolio económico, es un monopolio ideológico”.Junto al gerente de la CPE, Ariel Martínez, reclamó que se revise la redacción del artículo 25 que permite el acceso a las cooperativas a la televisión por cable y no abierta, y luego de un análisis de las autoridades del área. “Queremos igualdad con las empresas, que se revise esa redacción que nos diferencia”, remarcaron.El ex concejal del Fregen Alfredo Carrascal fustigó las críticas de los cableros porque “detrás de la defensa de las PyMEs se esconden los pulpos monopólicos que defienden el monopolio ideológico, como Clarín”.Por su parte, un ex presidente de la CPE, Oscar Nocetti, recordó que aún permanece querellado por tratar de “coimeros” a las autoridades del COMFER comandado por Julio Bárbaro, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Ayer repitió que los “sobres” fueron la razón por la que no se permitió acceder a las cooperativas al servicio de televisión durante esa época, a pesar de los infructuosos intentos de la entidad santarroseña. Además, el dirigente aclaró que “defiendo esta ley, pero no olvido que muchos pecadores ahora se sumergen en ella para salir sin pecados”.La Fundación Chadileuvú también apoyó el proyecto, aunque pidió que se incluya la educación en el cuidado del medioambiente y morigerar la participación de representantes del Ejecutivo en el organismo que regulará el espectro.Un grupo de jóvenes socialistas también planteó el apoyo a la ley y destacó que en la provincia 30.000 abonados pagan alrededor de 40 millones de pesos mensuales que van a manos de las grandes empresas que se fusionaron y adquirieron los cables locales.El secretario general del SiPren, Flavio Frangolini, propuso que se incluya una cláusula en la ley que impida que el Estado otorgue pautas publicitarias a los medios que no encuadren debidamente y en blanco a sus trabajadores.

Los periodistas adhieren a la ley. “Los grandes medios compraron los cables y los medios del interior, que hoy son ventanillas para cobrar abonos sin producir contenidos”, dijo el gremialista.

 

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