Los operarios de Cive fueron desalojados de la Municipalidad

09-06-2009

Córdoba. Un grupo de ocho empleados de la Compañía de Vidrios y Espejos (Cive) intentó dialogar sin conseguirlo con el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, para que le de curso a la ordenanza que dictó el Consejo Deliberante que declara a la empresa de “utilidad pública”. Pero en la madrugada del miércoles la policía los desalojó.

Según Gustavo Valdéz, abogado de los obreros, “La continuidad laboral sólo es posible a través de la cooperativa que armaron los trabajadores y no a través de (Hugo) Ardiles”, el empresario al que la Justicia le cedió la fábrica, luego de la quiebra por considerarlo el principal acreedor.

“Es una fábrica vaciada que ha sido víctima de una situación de quiebra fraudulenta provocada por toda la gente que le prosperaba la resolución judicial para volver a manejar la fábrica. Ardiles ha sido parte del proceso, ha sido gerente”, explicó Valdéz en diálogo con Sitiocooperativo

Sobre si existe o no conflicto de intereses entre lo determinado por la Justicia, que le otorgó la fábrica a un particular, y la ordenanza del Consejo, el letrado explicó que “La declaración de utilidad pública, que es atribución de cualquiera de los órganos del Estado, pasa por encima de los derechos de todos los habitantes y nadie puede anteponer un derecho particular”.

Funcionario comprometido

Para el abogado de Cive el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Bonetto, “es socio de Ardiles y inclusive ha utilizado la estructura de la municipalidad para tratar de hacer cerrar la fábrica y provocar la situación en la que todos estamos metidos en este momento”, denunció.

La autopartistas CIVE, ubicada en Vélez Sársfield al 4300, continúa tomada por los 70 empleados que conformaron una cooperativa para hacerse cargo de la planta, cedida por la Justicia provincial al empresario Hugo Ardiles tras la quiebra.

Ardiles reclama a la Justicia que desaloje la fábrica para comenzar a producir con los empleados que ya pasaron el examen preocupacional. Éstos, según el abogado de los obreros, serían 20 “aunque no nos consta que estén con el empresario”, afirmó.

Cecilia Ghiglione

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