Por Gabriel Sued | Politólogo y periodista acreditado en el Congreso de la Nación
El partido está en juego. La primera mitad de este año quedará en la historia de la Argentina como el momento en que el Congreso inició el debate sobre la legalización del aborto, una discusión impulsada desde hace al menos doce años por los partidos de izquierda y las principales organizaciones feministas del país.
En la Cámara de Diputados, donde arrancó el debate en comisión el 20 de marzo, se mantiene la paridad y pocos se atreven a pronosticar cómo va a salir la votación, programada para principios de junio. Lo que ya quedó claro es que será una discusión encendida, que partirá en dos al recinto, aunque de manera transversal. El tema genera divisiones en casi todas las bancadas. Las diferencias se extienden incluso al interior del Gobierno.
Con una leve ventaja de los que se oponen a la legalización, la definición está en manos de unos 40 diputados, sobre un total de 257, que todavía no se decidieron o que no dieron a conocer su posición. Algunos de ellos supeditaron su voto a los argumentos que se están presentando en las audiencias del plenario de comisiones donde se debate el tema: Legislación General, Acción Social y Salud, Legislación Penal, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. En el Senado, los sondeos indican que hay una mayoría sólida en contra de la reforma.
Desde el 10 de abril desfilan por el plenario de comisiones de Diputados cientos de expositores. Para evitar incidentes durante las audiencias, el presidente de la Comisión de Legislación General, el macrista Daniel Lipovetzky, dispuso que expongan en días diferentes los expertos que respaldan la legalización y aquellos que la rechazan. Entre los invitados hay biólogos, autoridades religiosas, médicos sanitaristas, filósofos, especialistas en derecho constitucional y en bioética, funcionarios y activistas de ONG.
El debate empezó con ocho proyectos bajo tratamiento. El principal es el que elaboró la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que obtuvo la firma de 72 diputados: 39 del Frente para la Victoria (FPV), 14 de la UCR, cinco del Pro, cuatro del Movimiento Evita, tres del Frente de Izquierda, tres de Evolución Radical, dos del Frente Renovador, uno de Libres del Sur y uno del Bloque Justicialista.
Esa iniciativa señala en su primer artículo que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Se garantiza el acceso al aborto, sin decisión judicial previa, en un plazo de cinco días desde su requerimiento, en todas las entidades del sistema de salud. La práctica debe ser cubierta por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
El proyecto tiene dos artículos a los que apuntan las organizaciones que se oponen a la reforma. El primero es que el plazo para el aborto legal se extiende sin límite en casos de violación, de riesgo para la salud de la mujer y de “malformaciones fetales graves”. En realidad, los dos primeros supuestos ya están previstos en la legislación actual, que contempla casos de aborto no punible. El segundo artículo que genera la mayoría de las críticas es el que autoriza a las jóvenes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin autorización de sus padres.
La discusión tiene como telón de fondo una realidad social muy dura, que el Gobierno puso en cifras. El 17 por ciento de las mujeres que se tratan por abortos en los hospitales públicos son menores de 20 años. Siete de cada diez adolescentes que tienen un hijo reportan que ese embarazo no fue deseado. Un 30 por ciento de las jóvenes de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Los datos surgen del informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio ante el Congreso en marzo.
Las cifras oficiales dan cuenta también de 43 mujeres muertas como consecuencia de abortos en 2016, último dato disponible, aunque no se distingue entre abortos voluntarios y espontáneos. De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la Argentina se practican unos 500.000 abortos por año. Ante la ausencia de datos oficiales sobre abortos clandestinos, el jefe de Gabinete informó sobre los egresos hospitalarios por aborto. En 2014, último dato disponible, fueron 47.063 en hospitales públicos.
Estos datos serán eje de la argumentación de los promotores de la legalización. Ese grupo de diputados, entre los que se destacan Victoria Donda, Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FPV) y Romina del Pla (FIT), sostiene que el tema debe abordarse como una cuestión de salud pública y que no se trata de elegir entre la vida y la muerte, como plantean los detractores de la legalización, sino entre abortos seguros y abortos clandestinos. Uno de los argumentos fuertes de los promotores de la reforma serán estadísticas que indican que en los países donde se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo disminuyó la cantidad de abortos.
En la vereda opuesta, el eje argumental principal es que el derecho a la vida está garantizado “en general, a partir del momento de la concepción”, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un texto que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. La discusión derivará en determinar si los embriones deben ser considerados sujetos de derecho, equiparables a las personas.
La Iglesia Católica juega un rol central dentro de esta posición. Aunque sin el protagonismo de debates anteriores, como los de divorcio y matrimonio igualitario, las máximas autoridades eclesiásticas se manifestaron en contra de la legalización del aborto. Dentro del Congreso levantan esa bandera Nicolás Massot, jefe del bloque del Pro; el presidente del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner; el titular del PJ, José Luis Gioja; Ivana Bianchi, la jefa de la bancada que responde al senador Adolfo Rodríguez Saá, y el massista Alejandro Snopek.
Si se cumplen los compromisos de los distintos sectores respecto del trámite parlamentario, en la primera quincena de junio se sabrá cuál de las dos posiciones reúne la mayoría.
