LAS TARIFAS Y LA ECONOMÍA

02-09-2016

Ninguno de los adversarios en la segunda vuelta electoral podía asegurar que no lo iba a afrontar con los debidos cambios que demandaba recomponer la sustentabilidad de la matriz energética del país. Le tocó intentar hacerlo a Macri como presidente. La aplicación de la medida llegó sin la realización de las audiencias públicas y esto fue advertido por el poder judicial con una serie de amparos en distintas provincias. Nada nuevo, también había ocurrido con la sintonía fina que quiso hacer la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. En aquel tiempo no se avanzó por temor al costo político y el problema corrió para adelante. Otra mala costumbre repetida por enésima vez. Se dio rienda suelta a recursos para el consumo, total el Estado resolvía lo que debíamos pagar en concepto de servicios esenciales, con enormes subsidios.

Nos preguntamos qué habría pasado si los subsidios otorgados en tiempos de no estrechez económica para millones de argentinos se sometían a las audiencias públicas como resortes propios de la democracia participativa. ¿Cuál hubiera sido el resultado de la opinión de la ciudadanía entre continuidad o modificación del rumbo de esa medida?

Observando el comprensible malestar por el aumento de las tarifas del presente, surge como conclusión que aquellos subsidios de la década pasada fueron tan mal instrumentados por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, como los ajustes del reciente ministro de Energía, Aranguren. Hace tiempo que el Estado está digitalizado y maneja la información de cada uno de nosotros. Sabe lo que cada uno gana, si trabaja en blanco o si recibe alguna ayuda social. Antes, se pagaban precios irrisorios, sobre todo en Buenos Aires. Los que compraban garrafas en gran parte de la Argentina tierra adentro, pagaban más por el gas que los que tenían la provisión por redes domiciliarias.

Por todo lo señalado es que resulta inadmisible tanta impericia, de ayer y de hoy, para establecer equidad. El que menos tiene, vive con exigencias que sirven de soporte para los beneficios de los mejor posicionados en la escala social. Llevado al territorio, mientras más lejos de Buenos Aires, más caro.

Película conocida. Es claramente un problema de orden político del pasado como también de saber técnico en la gestión actual. Demasiados desaciertos de elemental organización del Estado con uno u otro gobierno.

No hay conclusiones sobre el nuevo cuadro tarifario. El tema se encuentra dando vueltas sin un horizonte claro en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Mientras tanto, aun con boletas sin imprimir, se ha generado en la economía un abrupto freno del gasto corriente de las familias. Hay recesión y no hay inversiones. Las condiciones de confianza para la toma de decisiones no aparecen claras y todo el mundo observa con cautela. Pero hay que seguir funcionando. Y aquí es donde aparece la urgencia del presente. Y es desde donde queremos transmitir nuestras reflexiones como empresas de la economía social, para el normal funcionamiento de las entidades asociadas solidarias que brindan servicios audiovisuales en más de doscientas comunidades que no viven otra realidad mejor a la que enunciamos en los primeros párrafos de este editorial.

El ejercicio de observación de aquello que hace el Estado nos tiene que proveer los insumos para decisiones acertadas. Tenemos que brindar al asociado buenos servicios a partir de una infraestructura que hay que mantener y renovar en materia tecnológica. Por otra parte, nuestras empresas tienen en sus equipos de trabajo, personas que requieren salarios dignos por la labor que desempeñan. El fenómeno de la inflación no se detiene y los costos fijos no paran de evolucionar. Por lo tanto, todos debemos pensar con un estricto sentido común, donde nada escapa a la relación de complementariedad de las variables económicas, porque coexisten e inciden unas sobres otras. La clara explicación es que los abonos de la televisión por cable deben tener un precio justo y razonable. Las cooperativas han ofrecido servicios cuidando esta premisa. Los grandes operadores en las grandes densidades poblacionales no la han cumplido. Con sólo ver lo que se paga en otros lugares nos daremos cuenta de la diferencia de la que hablamos.

Sólo como dato ilustrativo pero real: el abono básico del principal operador de televisión por cable cuesta $571. Seguramente difiere bastante esta cifra con la que se paga en cada una de las comunidades donde prestan el servicio las cooperativas asociadas a COLSECOR.

Los abonos deben resolver la estructura de costos con los excedentes lógicos para la inversión permanente. De no hacerlo, nuestras cooperativas perderían su capacidad de dar servicios. Si ello ocurre, el asociado estará a merced de otras opciones absolutamente concentradas, lucrativas y extractivas de las economías locales y regionales sin generar trabajo genuino ni compromiso con la comunidad.

El país perdió hace tiempo la soberanía energética. Llevará muchos años recuperar esa plataforma indispensable para el desarrollo sostenible de la nación. Nadie creía en la importación de gas con la riqueza que tenemos en recursos naturales. Nos pasó. Preocupa mucho la soberanía alimentaria. Los suelos fértiles ya no son la garantía para la comida de los argentinos. ¿Importar carne, pollos, cerdo? Impensado, pero sucede. Son las políticas de los gobiernos que nos afectan por donde miremos.

Ahora bien, el cooperativismo de servicios y los consejos de administración de las entidades no tienen la indulgencia que la sociedad sí le concede al Estado con sus obligaciones. Se advierte la pesadumbre de una democracia cuando hay vínculos tan asimétricos entre los intereses de muchos de los que hacen política y la realidad de los ciudadanos. Es un incordio sordo que en algunos momentos llega a transformar estados de emergencia.

Las cooperativas, salvo algún caso particular, no padecen altos niveles de descomposición institucional. No la permite el sentido de pertenencia del asociado. Hay vitalidad en una organización colectiva de la sociedad civil si se constituye la integración de los esfuerzos propios por el bien común en hechos fácticos comprobables y fáciles de explicar.

En el cooperativismo es posible, en el Estado no tanto.

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