Luego de que se dictara un despacho favorable en la comisión de economía y de la media sanción de la Cámara de diputados de la Nación, impulsada por el legislador Héctor Polino, fue aprobado este nuevo régimen que establece un nuevo sistema de crédito cooperativo modificando la Carta Orgánica del Banco Central. Este proyecto busca restaurar los emprendimientos cooperativos y mutualistas, para lo que como primera medida establece que el Banco Central de la República Argentina dicte norma diferenciadas teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad y de los usuarios que tomarán los créditos.
También establece la mutualidad rigurosa (todos los usuarios deberán ser asociados) y la casa única.
Se restablece así el sistema que funcionó exitosamente hasta 1977 que entre otras disposiciones permite a las mutuales operar con depósitos a la vista aceptando el libramiento de letras de cambio contra esos depósitos. Fija un capital mínimo de aporte por cada asociado no inferior a doscientos pesos que podrá integrarse hasta en cinco años, esta disposición tiene como fin afianzar el vínculo asociativo. La ley establece la obligación de remitir información periódica a los asociados sobre el estado de situación patrimonial, de forma de facilitar el control social por parte de los asociados, algo fundamental en las estructuras cooperativas. Prohíbe la transferencia de fondos a entidades lucrativas y establece que las cajas de crédito cooperativo deberán distribuir sus excedentes en proporción a los servicios utilizados por los socios, en caso contrario se convertirían en entidades lucrativas. Se pretende canalizar así el dinero de las cooperativas de buen funcionamiento en este sistema para generar crédito genuino, esto debe ser interpretado como una política de estado, no sólo por el informe favorable de la comisión de economía sino también por el hecho de que se aprobó por unanimidad. Los Senadores Lamberto y Bar fueron impulsores de esta ley en el Senado Nacional.
