El Fondo de Capacitación y Educación Cooperativa es un impuesto nacional que pagan las cooperativas en función de su patrimonio. Cada provincia recibe en base a los porcentajes establecidos en la coparticipación federal, el 50 por ciento de ese aporte mientras que la otra mitad de ese impuesto lo administra y distribuye el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes). Esto sucede desde 1986, con la sanción de la ley 23.427.
En el caso de Córdoba, le corresponde un 9,09 por ciento de esa mitad coparticipable. En 1988 la Legislatura cordobesa estableció que esos fondos enviados por Nación debían ser administrados por el órgano local encargado de controlar a las cooperativas.
Según Eduardo Ingaramo, titular del Seminario de Investigación de Mercados en la Universidad Católica de Córdoba y especialista en el tema, entre 1997 y 2002 por la emergencia económica esa plata pasó a formar parte de las alicaídas arcas públicas. “Desde 2002, el dinero girado desde Nación va a rentas generales”.
En 2010 una ley provincial estableció que esos fondos acumulados que una cuenta del Banco Córdoba “iban a formar parte de un fondo de garantías para las cooperativas, básicamente para actividades de fomento de pequeñas entidades en formación o educación cooperativa”, indica Ingaramo que también preside la Comisión Asesora de Organizaciones Sociales del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. La asignación de los mismos iba a estar en manos de un Consejo Asesor, integrado por las propias cooperativas, que nunca fue convocado.
“Las cifras que tenemos es que en 2016 le correspondió a Córdoba un importe de ocho millones pesos y para el primer trimestre de 2019 habría un acumulado de 5 millones, lo que elevaría a 20 la cifra para el año entero. Eso es mucha plata para el destino que tiene esta partida”, explicó el especialista a Colsecor noticias.
Consultado si algo de ese dinero se ha distribuido en Córdoba, Ingaramo afirma que “no está claro y tampoco se sabe mucho.”
En relación al rol del Consejo asesor integrado por las cooperativas, dice que nunca se lo convocó para esta tarea.
“Discutir con el gobierno provincial temas de dinero no ha sido fácil y supongo que eso las ha desmotivado bastante”, agrega el licenciado con respecto a las cooperativas. “Me parece que este es un reclamo que no sólo le cabe al Consejo asesor, sino que toda la sociedad debiera reclamar que esos fondos se apliquen a los fines para los que fueron creados”.
En el portal web del Ministerio de Finanzas de la Provincia, la última información pública data del 30 de abril de este año y los ingresos por el Fondo Cooperativa son de 5.200.000 pesos. Ingaramo señala que es difícil hacer un cálculo sobre el dinero acumulado en tantos años que no ha sido destinado a la finalidad con la que se creó.
