LA SENADORA DI PERNA IMPULSA PROYECTO DE SANEAMIENTO PARA COOPERATIVAS

30-09-2015

La senadora chubutense Graciela Di Perna impulsa un proyecto de ley para lograr el saneamiento definitivo de todas las cooperativas prestadoras de servicios públicos de la Argentina. El texto de su autoría cuenta con dictamen favorable de dos comisiones del Senado y sería tratado en las próximas semanas en la Cámara Alta.

Para enfrentar la enorme crisis que atraviesan las cooperativas de servicios en el país, el proyecto prevé la creación del Programa Nacional de Saneamiento y Expansión de Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios. Este organismo, que dependerá del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), tendrá como objetivo otorgar créditos, aportes no reembolsables y la financiación para la reformulación de deudas de las entidades.

Las empresas sociales que deseen acogerse a los beneficios deberán presentar proyectos de inversión y de reestructuración de deudas ante el Consejo Asesor del Programa, que se encargará de evaluar las demandas y controlar los beneficios otorgados. El Programa contaría con partida presupuestaria anual.

La mayor parte de las cooperativas de servicios públicos de la Argentina están en crisis debido al proceso de congelamiento de tarifas que existe desde 2013 a nivel nacional, los subsidios cruzados y la inflación.

En abril Di Perna presentó su proyecto de ley para el saneamiento de las cooperativas, que ya obtuvo en junio dictamen favorable de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto, que tuvo el visto bueno de diversas organizaciones el ámbito cooperativo, sería tratado en la Cámara Alta en las próximas semanas, antes de la finalización del mandato de di Perna.

Para la elaboración del proyecto fueron convocados técnicos e instituciones de la economía social de todo el país, de manera de trabajar sobre la realidad concreta de las cooperativas.

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La situación en Chubut

En el caso de las 32 cooperativas chubutenses acumulan deudas millonarias que, sumado al congelamiento y a la inflación, dificultan la prestación de servicios y la compra de insumos; hace años que carecen de inversión en infraestructura; y tienen enormes dificultades para la provisión normal de electricidad y agua en los diferentes municipios.

En diciembre de 2013, el gobierno provincial -mediante la sanción la Ley I-515- declaró por un año la Emergencia de los Servicios Públicos en Chubut, prorrogada luego hasta el 31 de diciembre 2015. En noviembre del año pasado, el gobernador Martín Buzzi sancionó la Ley I-539 que obliga a las cooperativas a adherirse a una “Tarifa de Referencia Provincial” de electricidad, creada por un Consejo Consultivo que preside el Ministro de Infraestructura Maximiliano López.

Pero esa tarifa fue anulada de hecho por el gobierno, que tanto en 2014 como en 2015 adhirió al congelamiento de tarifas eléctricas decretado por el Ministerio de Planificación de la Nación, a cambio de inversiones que todavía no se hicieron efectivas.

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