La OEA reconoció que la Ley de Medios es un 'importante avance”

21-04-2010

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) presentó su informe anual ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que da cuenta de las actividades durante el año y analiza, entre otros temas, la situación de la región en materia de libertad de expresión.

El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a cargo de Catalina Botero, destacó que la promulgación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en octubre pasado "representa un importante avance respecto a la situación preexistente en Argentina".

"En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas", señaló el documento.

Y destacó que el "principio rector" de la ley, en cuanto a su contenido, "es el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, derecho conforme al cual deben ser interpretadas todas sus disposiciones".

Pero la entidad interamericana incluyó también algunos cuestionamientos a la normativa que “podrían afectar” el derecho humano a la libertad de expresión.

La Relatoría, "observa que algunas de las disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención Americana, mientras que otras podrían generar inconvenientes que deben ser adecuadamente resueltos, desde el inicio, en su implementación. En primer lugar, la ley le asigna a la Iglesia Católica una autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de concurso en igualdad de condiciones".

También "preocupa a la Relatoría la vaguedad de ciertas conductas y supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves.

"Conviene además recordar al Estado, que la Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión también incluye la protección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras o ingratas para el Estado, pues tal es la exigencia de un orden democrático que se funda en la diversidad y el pluralismo" señala el documento, que en relación a la vaguedad de ciertas conductas y supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves, tales como “la desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto”, “los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o sórdido” o “la realización de actos contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los Servicios de Comunicación Audiovisual para proclamar e incentivar la realización de tales actos”. Al respecto, recalca que al menos cuando se trate de la caducidad de la licencia, la interposición de recursos administrativos y de las acciones judiciales contra las decisiones administrativas que imponen la citada sanción tendrá efecto suspensivo luego de “analizarse [judicialmente] las circunstancias del caso”.

Sobre la adjudicación de licencias en grandes ciudades la Ley 26.522 establece concursos "para los servicios de comunicación audiovisual abierta, cuya área primaria supere los 50 kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de medio millón de habitantes", que serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Esta adjudicación desde el PEN "no parece compatible con una ley que crea un órgano autárquico e independiente con el objetivo de permitir que las asignaciones se realicen al margen del gobierno".

Por eso, "la Relatoría exhorta al Estado a que la misma no se traduzca en formas indirectas de incidir en la libertad de expresión".

Otros puntos cuestionados apuntan a la composición de la Autoridad de Aplicación y a la publicidad oficial. Sobre este último, la Relatoría "recuerda al Estado que tiene el deber de establecer criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la distribución de la publicidad oficial". "Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión", dice.

 

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