Por Martín Becerra*
La reciente disolución del Ministerio de Comunicaciones, tan intempestiva y carente de debate como su creación, es indicativa de un problema de las políticas públicas en un campo estratégico de la vida nacional que suele ser enunciado por fuerzas de la oposición hasta que llegan al gobierno y resuelven callarlo: la ausencia de garantías de institucionalidad que trasciendan al oficialismo y, consecuentemente, de líneas maestras de desarrollo para el sector. ¿Por qué no comprometer acuerdos más amplios, más estables y más representativos? Esta columna de opinión presenta una propuesta concreta al respecto.
Una vez que la Casa Rosada confirmó en julio pasado que liquidaría la cartera de Comunicaciones y que el Ministerio de Modernización absorbería sus funciones, se produjo gran confusión y no pocos rumores acerca de cuál sería la nueva dependencia funcional del ente gubernamental creado por decreto por Mauricio Macri como autoridad regulatoria del sensible sector de medios audiovisuales y telecomunicaciones (Enacom) y de la empresa estatal ArSat (que, de facto, ya había descargado en Modernización un sector de su competencia desde 2016). Si hubiera “seguridad jurídica”, no habría existido confusión ni preocupación. Como no hay tal seguridad, los cambios son provisorios: lo hecho de ayer puede ser deshecho mañana.
ArSat es un activo estratégico de la sociedad argentina: una parte considerable de la conectividad y de la cohesión territorial en el país depende de la gran inversión que se hizo en la construcción de redes troncales de fibra óptica. El efecto del sensible mejoramiento de la calidad de las conexiones y de la baja de precios mayoristas que provoca la operación de ArSat desborda con creces la esfera individual de acceso a noticias, comunicaciones y entretenimientos: que una localidad cuente con su hospital conectado a Internet para interconsultas o que sus escuelas puedan complementar los procesos formativos con recursos en línea, marcan una diferencia que en términos técnicos puede aludirse como externalidades sociales de la política pública activa en esta materia. No en vano hay países en Europa que declararon que el acceso a la banda ancha a Internet es un derecho ciudadano. Con ArSat, la Argentina cuenta con un dispositivo cardinal en pos de ese objetivo.
La infraestructura robusta en la que el Estado lleva invertidos varios miles de millones de pesos es esencial para garantizar condiciones mínimas de bienestar allí donde la lógica de mercado no funciona, es decir, donde los grandes conglomerados de telecomunicaciones no realizan inversiones en infraestructura ni en mantenimiento de redes. En un país con las asimetrías económicas y geográficas que estructuran a la Argentina, donde el 70% de la población se concentra en menos del 30% del territorio y al menos un tercio de ese 70% es vulnerable, el rol de ArSat como compensador de las desigualdades en el sector de las comunicaciones es clave. Arsat también despliega un programa satelital que ha sido objeto de controversia en los últimos tiempos debido a la carta de entendimiento suscripta por el gobierno y la empresa estadounidense Hughes referida al tercer satélite (ArSat 3).
Ahora bien, ¿pueden garantizarse las funciones integradoras y cohesionadoras de ArSat si sus autoridades y su orientación política las define en soledad el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)? El peligro que ofrece el actual diseño societario e institucional de Arsat es que es víctima potencial de los cambios de humor de un poder unipersonal y que este, al carecer de una comprensión cabal de la importancia de ArSat, supedite sus actividades a otras prioridades, urgencias o caprichos de la agenda gubernamental.
La ley 27.208 de “desarrollo satelital”, sancionada por el Congreso en 2015, establece que el 51% del capital social de ArSat pertenece al Estado nacional y que el PEN determina bajo qué dependencia opera la empresa. Sin embargo, es preciso comprometer a otros actores sociales y políticos en la estructura societaria de ArSat así como en su dirección. El Estado Nacional delegó la educación y la salud en las provincias (transfiriéndoles competencias pero no necesariamente recursos), sería lógico que exista una representación federal en ArSat donde las provincias puedan interactuar con el gobierno central en las inversiones y en la gestión de la empresa para evitar el riesgo de la desconexión y de la incomunicación de sectores sociales y de zonas de la geografía en pleno auge de la sociedad informacional. El Estado nacional podría compensar parte de sus deudas históricas con los estados federales a través de una participación de estos en el capital accionario del 49% de ArSat. Parafraseando un viejo refrán, las comunicaciones son demasiado importantes como para que dependan en exclusividad de los antojos de un gobierno.
*Es Investigador en Conicet, Profesor Universidad Nacional de Quilmes y UBA. En Twitter es @aracalacana.
