Aunque gran parte de los actores del sistema comparte la visión de asumir los costos reales de la generación, algunos - como las distribuidoras cooperativas - han manifestado su preocupación por el fuerte impacto que tendrá en sus asociados.
Con fecha 29 de enero de este año se oficializaron los cambios en las políticas energéticas que lleva adelante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Entre las medidas centrales se eliminaron los subsidios generales al consumo energético y se incrementó el valor de la energía mayorista, derramando esto sobre el resto de la cadena.
Durante el anuncio de las medidas, el ministro de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, puso como ejemplo: si un hogar pagaba $25 mensuales por un consumo residencial de 180 kW pagará ahora $150, lo que representa una suba del 500 por ciento.
Por supuesto, el caso citado por el funcionario nacional se corresponde con los valores que pagaban los usuarios de las empresas Edenor y Edesur, cuyo consumo ha estado ampliamente subsidiado en los últimos 14 años. Con seguridad, los usuarios de otras partes del país no encuadran en este ejemplo ya que fuera de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, lo que se paga por la luz es bastante más. Comparemos lo que pagó Juan, usuario de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en diciembre pasado: $426 por el consumo bimestral de 360 KW., lo que equivale a $213 por mes. Si nos corremos un poco más al interior del país, hacia las distribuidoras cooperativas, la brecha se amplía. El propio Aranguren reconoció que en el interior la energía se paga “cinco veces más”.
Volviendo sobre la resolución 6 del MEyM, si bien uno de los objetivos era eliminar la discriminación tarifaria entre el área metropolitana con el resto del país, no se ha cumplido porque la suba fue aplicada a todo el sistema interconectado nacional. De este modo, el asociado a una cooperativa eléctrica de Córdoba deberá asumir en su boleta: “el aumento en la compra de la energía a Epec que refleja la suba mayorista, la suba del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Epec, más la readecuación tarifaria de la cooperativa (si la autorizan) y el VAD de la cooperativa”, explica el ingeniero Fabián Palazzolo, exmiembro del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) y asesor cooperativo en la materia. Según Palazzolo, las asimetrías seguirán existiendo incluso dentro de cada región.
Junto con el aumento de la energía mayorista, también se fijó la quita de los subsidios generales al consumo energético. Los especialistas celebran esta decisión porque, dicen, permitirá asumir los precios real de la generación y bajar el alto costo económico y técnico que tuvo para el Estado sostener esa política. Como contraparte, se estableció una tarifa social única ( Res. MEyM 7/2016) que implementará directamente el Estado nacional.
La resolución también dispone mecanismos de incentivo al uso racional de la energía para los usuarios residenciales. Podrán acceder al beneficio a partir de consumir entre menos de un 10 y hasta 20% energía, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Cooperativa Colevisep (Los Cisnes, Córdoba) Operarios eléctricos yendo a reparar una línea rural. Las cooperativas asumen en el territorio la prestación de la energía rural, un servicio con una escala de operaciones que no permite absorber los costos reales.
En gran parte del territorio nacional, las distribuidoras eléctricas cooperativas creadas por los propios usuarios para autoprestarse el servicio, han asumido las áreas menos rentables del mercado eléctrico. Muchas de las cooperativas surgieron para dar servicios esenciales en medianas y pequeñas poblaciones urbanas y rurales ante la ausencia del Estado y de las empresas privadas. En provincias como Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos y Misiones estas empresas de carácter social son las responsables de llevar luz a los hogares.
Frente a las nuevas disposiciones del Ministerio de Energía, las cooperativas se muestran preocupadas por el impacto que tendrá en los asociados la suba tarifaria y la quita de subsidios de manera consecutiva. De un tiempo a esta parte, las distintas federaciones que representan al sector energético cooperativo vienen expresando su opinión y reclamando ser tenidas en cuenta como actores centrales.
Desde la Federación Santafesina de Cooperativas (Fescoe) se mostraron “preocupados ante las vicisitudes que ha generado el conjunto de decisiones que ha adoptado el Gobierno nacional en materia energética”. Sergio Perassa, presidente de la Fescoe, explicó que si bien reconocen el estado de urgente intervención que requería la situación energética, “estamos en desacuerdo con la forma y el procedimiento”.
Tarifa Social El Gobierno nacional creó una tarifa diferencial para sectores de menos recursos y que deberán cumplir con ciertos requisitos para tener acceso a la misma. Dicha tarifa cubre el consumo de 150 KW mensuales y en los casos de que exceda el mismo, pero no supere el consumo de igual mes del año anterior, también tendrá subsidios importantes. De lo contrario, el usuario pagará el excedente a valor regulado. Es facultad del Estado Nacional determinar a los beneficiarios de la TS. -----------------
Desde la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco), su presidente Abel Argüello declaró que la suba tarifaria y la quita de subsidios sobre un período estacional de alto consumo “son un combo explosivo”. Si bien el dirigente reconoce la necesidad de asumir los costos reales de la tarifa eléctrica junto con la eliminación de subsidios generales, algo que vienen reclamando desde que La Pampa adhirió a la Convergencia Tarifaria, entiende que la medida no ha sido aplicada con criterio igualitario ni social.
En igual sentido se ha pronunciado la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face) que acuerda con la salida del esquema de subsidios pero a la vez solicita que se trabaje con todos los actores involucrados en el sistema.
“Lo que estamos viviendo ahora es un sinceramiento tarifario que hace tiempo no teníamos, recordemos que en muchos lugares las tarifas estaban congeladas”, dice Fabián Palazzolo.
“Un sistema energético no se destruye de un día para el otro”, agrega, y su recuperación demandará una década. Las necesidades irán aumentando y cada vez dependeremos más de la energía. En ese camino, echar luz sobre la eficiencia energética será parte de una posible solución.
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Mercado energético La ley 24.065 sancionada bajo el Gobierno de Menem fijó que la generación eléctrica sería un negocio privado y desregulado. Así mismo calificó como servicio público al transporte y a la distribución de la energía eléctrica (en una ley paralela se hizo lo mismo con el gas). Tales servicios estarían prestados por concesionarias y licenciatarias que tendrían una tarifa regulada para asumir sus costos y rentabilidad.Los actores del mercado definidos por esta normativa son los generadores, los transportistas, los distribuidores y grandes usuarios de energía. Todos integran la mesa de Cammesa Según Fabián Palazzolo, “este modelo funcionó bien hasta 1998. Como no se ajustó comenzaron los problemas energéticos”.En 2002 se declara la emergencia del sistema eléctrico (ley 25.561) que pesificó y congeló las tarifas de los servicios públicos. Dicha ley rige hasta diciembre de 2017.En enero de 2016, se dictan resoluciones que buscan modificar las políticas de los últimos 14 años.
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