La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) establece reglas de juego inédito para nuestro país y también para América Latina, señalan especialistas en comunicación de renombre como Martín Becerra y Guillermo Mastrini (*).
Es precisamente la reserva de un tercio del espacio radioeléctrico para los medios de comunicación gestionados por entidades sin fines de lucro “lo más innovador” de la norma, dijo Mastrini antes de su sanción. “Pero es también una tarea del Estado garantizar el acceso de la población y la diversidad de producción”. Entonces, el investigador señalaba la necesidad de políticas activas y promoción cultural para que este fragmento del texto no quedara sólo en “un decálogo”. Este importante artículo de la ley fue propuesto en 2008 a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Nunca en Argentina se había hablado tanto de comunicación como en 2009, cuando en el verano de ese año comenzaron las discusiones y luego los foros en todo el país que introdujeron cambios al texto original de la nueva ley. “Nunca antes el sistema político y el poder judicial se enredaron tanto en las reglas de juego de los medios”, apunta Becerra por estos días.
El proyecto final fue enviado al Congreso de la Nación por la presidenta el 27 de agosto y en la madrugada del 10 de octubre se aprobó. Eran las 2 y 26. En las escalinatas del Congreso varios grupos esperaban juntando cansancio y ansiedad, luego de una jornada que en el recinto llevó más de 15 horas de discusión. 44 a 24 fue el resultado a favor de la ley.
Días después, comenzó el camino de la ley por los tribunales con el pedido de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Clarín contra algunos artículos. Comenzó así la “Justicia Cautelar” como el Estado denominó a una serie de medidas que tomaron jueces federales como Edmundo Carbone, Miguel Antonio Medina de Salta y Olga Pura de Arrabal de Mendoza , que aún sostiene la Cámara Civil y Comercial.
Desde entonces todo parece ser a todo o nada, a favor o en contra, en esta suerte de batalla que protagonizan el Estado, los académicos, los grupos mediáticos y la sociedad civil. En la contienda, el Grupo Clarín asume el lugar de contrincante del Gobierno y esgrimiendo argumentos sobre “la libertad de expresión” cercenada, cuando en realidad esconde sus intereses de posición dominante en el mercado de la TV paga afectados por la nueva ley.
La última saga de esta batalla judicial fue la audiencia pública ante la Corte Suprema, el pasado 28 y 29 de agosto, donde se convocó a las partes - poniendo en pie de igualdad al Estado con una empresa privada -, y sus amicus curiae, a exponer argumentos de uno u otro rincón.
En paralelo a los cuestionamientos judiciales de algunos artículos - entre los que están el 45 y 161 - la ley comenzó su aplicación. Desde la sanción, la autoridad competente otorgó cerca de 1.000 licencias y autorizaciones a radios comunitarias, a escuelas y municipios, a radios FM, licencias de TV a Estados provinciales, pueblos originario y al sector mutual y cooperativo. Éste último registra cerca de 60 cableoperadores, sumando las 10 licencias que se aprobaron esta semana, luego de la reunión de directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
Nuevos actores, viejos conflictos
La aplicación de la ley también abrió la puerta a nuevos conflictos, aunque con argumentos del pasado. La competencia entre cooperativas y pymes en la TV paga avivó viejas acusaciones de “prácticas monopólicas” contra las cooperativas. La respuesta del sector fue sin rodeos: “los que no tuvieron riesgo empresario durante décadas fueron ellos, porque la vieja normativa les daba esa garantía”, manifestó el presidente de COLSECOR - una integración de entidades cableoperadores -, José N. Lino.
Derecho humano
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es ese todo o nada que se han empeñado en señalar algunos. No es un ideal, pero es un enorme avance en relación a la anterior norma que, entre otros derechos, restringía el acceso de los actores sin fines de lucro a la comunicación audiovisual.
También están las críticas, fuera de quienes hablan con sesgados intereses, de especialistas que han acompañado y dado su opinión sobre el enriquecedor proceso de debate que terminó poniendo en cuestión la lógica de mercado que caracterizó al mapa mediático de los últimos 20 años.
A cuatro años de su sanción, Martín Becerra señala los “incumplimientos” de artículos vigentes indicando la brecha entre la “ley audiovisual y sus políticas de aplicación”.
“La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias” que permita conocer cuántas licencias hay disponibles dentro del territorio nacional. “Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro”, publicó el especialista en comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes.
Queda esperar el fallo de la Corte Suprema sobre algunos artículos de la ley que son centrales para su plena aplicación. En opinión de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, tras la audiencia “sólo hay margen para que la Corte declare la constitucionalidad de ley”.
Pero más allá de la propia ley, como herramienta, surge un nuevo paradigma que entiende a la comunicación como derecho humano alejado de la lógica de mercado y la emergencia de nuevos actores que con los ya existentes deberán asumir el compromiso de democratizar la comunicación.
* Becerra (Universidad Nacional de Quilmes) y Mastrini (Universdidad Buenos Aires)
