Gabriel Sued | Politólogo y periodista
Tras la batalla por el Presupuesto 2019 y sobre el filo del fin de año legislativo, el Congreso será escenario de una disputa que amenaza con reencender pasiones y generar un corte transversal en las principales bancadas: la reforma de la Ley de educación sexual integral (ESI).
Sancionada por abrumadora mayoría en octubre de 2006, la norma reconoce a todos los alumnos del país, de escuelas públicas y privadas, el derecho a recibir “educación sexual integral”, entendida como una formación que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
El problema es que, a 12 años de su aprobación, la ley sólo se aplica de manera parcial en 10 de los 24 distritos. El proyecto de modificación, que en septiembre obtuvo dictamen de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, declara la norma de “orden público” para garantizar su aplicación efectiva en todas las escuelas del país.
La necesidad de reforzar los programas de educación sexual emergió como una de las pocas coincidencias entre los promotores y detractores de la legalización del aborto. Tras el rechazo al proyecto de interrupción legal del embarazo (ILE), la discusión de la reforma de la ESI aparecía como la gran oportunidad para cerrar la grieta y curar heridas.
Si bien el debate en comisión mostró acercamientos entre referentes de los dos sectores, reactivó una resistencia fervorosa de parte de un grupo de diputados, en su mayoría del oficialismo, que también se opuso a la legalización del aborto. En el debate en comisión quedaron en franca minoría, pero se lanzaron a una campaña para evitar la sanción de la nueva ley de educación sexual. Aunque acotada, se vislumbra otra guerra entre verdes y celestes.
“Es peligroso que un gobierno promueva a través de la educación sexual un adoctrinamiento sexual. Dejar la educación sexual solamente en manos del Estado puede ser peligroso, porque depende de quién esté en el gobierno”, dijo la diputada Cornelia Schmidt Liermann (Pro), en declaraciones a La Voz del Interior. “Me encantaría que, como se hizo con el Código Penal, en este caso se formara una comisión de académicos y docentes que pueda hacernos recomendaciones”, agregó.
A la resistencia se sumaron los colegios religiosos. “Los intentos conocidos por modificar la ley van hacia un enfoque monopólico y uniformador contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal, enfoque que empobrece a nuestra ya empobrecida educación, desconociendo la existencia de diversos puntos de vista en la materia y el valor democrático del pluralismo en una sociedad moderna”, sostuvo en un comunicado la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera).
En pleno debate en comisión, la diputada Silvia Lospennato acorraló a los que se negaban a firmar el dictamen. Planteó que el texto podrá ser corregido en el recinto y remarcó que los diputados que votaron en contra de la legalización del aborto se habían comprometido a trabajar por la educación sexual. “Queremos saber si van a cumplir con su palabra”, les dijo.
La reforma planteada modifica seis de los 10 artículos de la norma actual. Además de declarar a la ley de “orden público”, es decir, de aplicación obligatoria en escuelas públicas y de gestión privada de todo el país, se refuerza el carácter laico y la perspectiva de género de los contenidos. Esos cambios están contemplados en el artículo 1 del proyecto que indica que la educación sexual integral que se brinde en los colegios debe ser “respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo, basada en conocimientos científicos y laicos”.
Este punto es el que genera más resistencia, junto con la modificación del artículo 5, apuntada a garantizar la aplicación efectiva de la ESI en las escuelas religiosas. La norma vigente en la actualidad establece que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. En la práctica, ese párrafo es usado por instituciones religiosas para desvirtuar los contenidos de la ESI.
El proyecto que ya cuenta con dictamen elimina esa parte del artículo 5 y lo reemplaza por los siguientes tres párrafos. “Cada comunidad educativa incluirá en su proyecto institucional a la educación sexual integral de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos”, dice el primero. El segundo indica que “los contenidos [de la ley] deberán incluirse en la currícula y modalidad de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de cada institución educativa”. El tercero dice: “Las jurisdicciones podrán enfatizar contenidos de temáticas específicas en función de las características de sus poblaciones cuando ello no entre en contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos de la presente ley”.
Otro de los cambios, contemplado en el artículo 7 del proyecto, propone crear un sistema de monitoreo para evaluar el grado de aplicación de la ESI. Además, se establece que el Congreso recibirá un informe semestral de parte del Ministerio de Educación, con el detalle del grado de cumplimiento de la ley en los distintos distritos.
Si esa evaluación se hiciera hoy la mayoría de las provincias sería reprobada. Sólo 10 provincias adhirieron al Programa Nacional de Educación Sexual Integral o tienen una legislación específica sobre educación sexual. Son La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Buenos Aires, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. En el resto de los distritos no hay ninguna norma.
Las deficiencias alcanzan incluso a las que tienen ley. Un informe de Unicef de julio de 2017 indicó que la mayoría de los estudiantes de la Argentina asocia educación sexual integral sólo con relaciones sexuales. Los chicos se mostraron insatisfechos con el tipo de educación obtenida y señalaron, particularmente, la escasez de información y la forma inadecuada de transmitir los datos. Otro informe, de Libres del Sur y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), indica que el 31 por ciento de 200 jóvenes encuestados en la Ciudad de Buenos Aires no recibió educación sexual en la secundaria.
El punto que genera más polémica es la eliminación de un párrafo que permitía que los contenidos de la ley sean adaptados al ideario institucional de cada comunidad educativa.
Entre las provincias que adhieren a la ley nacional o tienen una norma propia también se detectaron deficiencias en la enseñanza.La reforma plantea que la educación sexual debe ser “respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo, basada en conocimientos científicos y laicos”.
El debate podría abordarse después de la sanción del Presupuesto 2019, prioridad política número uno del Gobierno nacional.
