LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

06-03-2015

En los últimos años la economía social se ha ido convirtiendo en un actor cada vez más relevante en nuestro país, proliferándose desde principios del siglo XXI numerosas experiencias que producen bienes y servicios en un proceso que no tiene como objetivo el lucro -característico de la empresa privada-, y se realiza basándose en los valores de cooperación, solidaridad y democracia.

Debido a su creciente relevancia, el sector comenzó a ocupar un lugar de mayor incidencia en las políticas públicas, siendo destinatario de acciones y programas de diversas características. Según cuáles sean los objetivos que se persigan, estas políticas pueden clasificarse en sectoriales, territoriales o genéricas.

Se consideran políticas sectoriales aquellas que promueven el desarrollo y la consolidación de las cooperativas y mutuales, y su instauración como actor relevante de la economía nacional. Estas políticas son las llevadas adelante por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y comprenden las diferentes líneas de fortalecimiento, capacitación y financiamiento que otorga el organismo. En este nivel también podemos encontrar los recientes debates que giran en torno a la sanción de una ley de economía social que comprenda a los diferentes actores que la componen.

Por otro lado, las políticas territoriales son las que intervienen en un territorio determinado, promoviendo una reconfiguración sobre el mismo y su trama productiva y social local mediante acciones que estimulan el surgimiento y desarrollo de iniciativas productivas y de participación social relacionadas con la economía social y el desarrollo local. Uno de las políticas más sostenidas y emblemáticas en este sentido fue el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, conformado por un conjunto de herramientas orientadas a promocionar y fortalecer emprendimientos productivos a través de la financiación de maquinarias, capital de trabajo y asistencia técnica. Un aspecto destacable de este programa es el fomento a la creación de redes de la economía social para lograr la articulación de estos actores.

Por último, podemos mencionar las políticas genéricas, o de tipo organizacional, cuyo objetivo consisten en crear y sostener el empleo como medio de inclusión social, acompañando la creación y sustentabilidad de iniciativas productivas asociativas, conformadas generalmente por personas en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo de este tipo de políticas podemos encontrarlo en la constitución de cooperativas de trabajo para la ejecución de obra pública. Con estas políticas, se intenta un abordaje diferente a los planes asistenciales que se han desarrollado en nuestro país, ya que se busca no solamente que la gente obtenga un trabajo sino que además se organice solidariamente, característica distintiva del movimiento cooperativo.

Otra forma de comprender estas políticas públicas es agrupándolas según a qué aspecto de la producción se refieren. De este modo, podemos distinguir las políticas cuyos objetivos están vinculados al financiamiento y la adquisición de herramientas por parte de emprendimientos cooperativos de pequeña escala. Un ejemplo de ellos lo encontramos en la Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, del año 2006, cuyo objetivo es la ayuda financiera a sujetos y entidades que no pueden acceder al financiamiento tradicional, por lo que se busca promover su desarrollo a través de fondos públicos con una tasa diferencial que permite pequeños montos de asistencia financiera. Para lograr ser sustentables, estos emprendimientos cuentan con un acompañamiento técnico por parte de diferentes institutos o dependencias estatales. Podemos también pensar en el aspecto vinculado a la comercialización, donde destacamos el programa Marca Colectiva (del año 2009), el cual se orienta a desarrollar el potencial de los emprendimientos de la economía social a partir de la organización de estrategias comunes de comercialización, desarrollo de escala, marketing, exposición y ventas, donde se busca el incremento de los ingresos de sus participantes mediante su integración al entramado productivo en una cadena de valor. Con este programa se intenta además lograr una representación de los valores con los cuales se lleva a cabo esta producción, identificado estos productos con un logo que permita singularizarlos.

Estas políticas no se limitan al INAES o al Ministerio de Desarrollo social, sino que atraviesan diferentes instancias gubernamentales. Así, podemos mencionar la Red de Apoyo al Trabajo Popular, un programa del INTI (Instituto Nacional de Tecnología industrial) que desde el año 2003 brinda apoyo a pequeños emprendimientos productivos, el cual comprende capacitación, transferencia de conocimientos tecnológicos y asistencia técnica a organizaciones y emprendedores que gestionan proyectos productivos en el marco de la economía social. A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reconoce a la agricultura familiar como parte de la Economía social, y busca fortalecerla desarrollando capacitaciones, facilitando el financiamiento y realizando ferias de productores. En cuanto a la educación y generación de conocimiento, podemos mencionar el reciente Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, impulsado desde el Ministerio de Educación, para promover la investigación aplicada a través del trabajo articulado entre universidades y actores de la economía social (cooperativas, mutuales, asociaciones, federaciones, confederaciones, etc.)

Como vimos, existen múltiples políticas públicas que se proponen fomentar a este sector, que pueden ayudar a consolidarlo como un actor cada vez más relevante en la economía de nuestro país. Sin embargo, se debe prestar atención a que las mismas se apliquen con criterios de integralidad y construyendo en base a la identidad característica del sector y la solidaridad recíproca que las experiencias ya traen, para fortalecerla mediante la solidaridad redistributiva característica del Estado.

María Florencia Cascardo

Licenciada en Economía, Posgraduada en Economía Social, Maestrando en Políticas Públicas. Docente del Centro de Estudios de la Economía Social.

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