La democratización de las comunicaciones

11-10-2011

Los resultados de la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso de la Nación  se evidencian en un sinnúmero de hechos, que por supuesto no agotan la trascendencia de esta ley de la democracia.

¿Recuerdan cuando comenzaron a aparecer los avisos que nos indicaban  que estábamos en presencia de una publicidad en radio o tv? Casi con seguridad que no porque nos acostumbramos y nadie, nadie,  vende menos por esto seguramente.

Pero estos dos años también  permiten reflexionar sobre hechos más relevantes como  la aplicación de criterios que posibilitan democratizar el acceso a contenidos de interés relevante, el aumento de la producción nacional, la generación de contenidos propios, conocer el nombre de los verdaderos dueños de los medios,  los accionistas y cómo se obtuvieron las licencias que tienen.

A dos años de la sanción de la ley 26.522 también es necesario recordar que hoy esta norma vigente no puede aplicarse en plenitud porque pesan sobre ésta amparos que así lo impiden.

En este sentido, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) , Gabriel Mariotto, reclamó que el juez Edmundo Carbone “apure la causa que frenó la aplicación del artículo 161” de la ley de SCA. El funcionario dijo en una entrevista radial que “es posible que Carbone sea plausible de juicio político”.

Aunque el  reclamo por el artículo 161 – que exige a las empresas adecuarse a la nueva norma - es tomado como central por muchos sectores que piden la vigencia total de la ley de medios, no debemos olvidar que el mismo juez Carbone también suspendió el artículo 30 de la ley 26.522. Mediante una resolución contra la cooperativa cordobesa de Morteros, el Magistrado canceló la adjudicación de licencias a todas las cooperativas de servicios públicos aduciendo “posibles ventajas impositivas”, ya que estas  entidades sin fines de lucro no tributan Ganancias.  Pero si estas diferencias impositivas pudieran señalar prácticas desleales en el servicio de cable, ¿qué pasa entonces cuando estas empresas dan telefonía, electricidad, agua potable, servicios sociales, educación y más?

La ley de SCA garantiza el derecho público a la comunicación y a la diversidad de voces. Es insólito plantear que la exención del impuesto a las ganancias sea  un impedimento para obtener licencias, teniendo en cuenta que hay numerosos fallos de la Suprema Corte de Justicia que indican lo contrario. Esta medida de un juez federal sólo dilata la aplicación plena de una ley que está pensada para democratizar y pluralizar las voces en nuestro país y que redundará en comenzar a gestar la igualdad de acceso a la información de todos los ciudadanos.

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