La entidad solidaria había sido injustamente involucrada en una causa enmarcada en los procesos de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que llevaba adelante el juez Luis Armella.
La cooperativa logró revertir lo dispuesto por Armella en cuanto a que debía ceder el servicio a la empresa ABSA. La presidenta Marta Kehoe decidió no rendirse ante la adversidad e interpuso todos los recursos legales que estaban a su alcance para revertir la injusta medida judicial que determinaba el fin de la actividad de la cooperativa.
El abogado del estudio patrocinante, Diego Passadore, relató que “presentamos un recurso de queja denunciando el avasallamiento de sus derechos constitucionales. La Corte hizo lugar al recurso y revocó la sentencia devolviendo a la entidad el servicio y logrando la continuidad de la cooperativa”.
