Y dijo que si esta última también prestara el servicio en Bariloche, automáticamente "los usuarios deberían abonar una suma adicional cercana a los 3 millones de pesos anuales". También sostuvo que el ente regulador eléctrico de la provincia de "carece de rigor científico" en sus dictámenes y resoluciones.
En un extenso comunicado, la CEB atacó al EPRE y agravó la crisis que los enfrenta desde que el organismo regulador le prohibió a la concesionaria trasladar sus clientes el costo de la tasa de inspección y control.
La CEB facturó los servicios de septiembre con ese gravamen y pese a la censura del EPRE volvió a incluirlo en la facturación de octubre.
La resolución que impugna la carga de la tasa "hace caso omiso a las leyes, decretos y reglamentaciones en que debería sustentarse". Por eso presentó un pedido de revisión de la medida y anunció que de no obtener respuesta favorable llevará el tema a la Justicia.
La conducción de la CEB rechazó expresiones del presidente del EPRE, Rodolfo Romero, que la cuestionó por su "mala gestión empresaria" y contraatacó amonestando al ente por su propio dispendio.
Recordó que la tasa de la polémica fue aumentada un 70% de manera "unilateral" citando como justificativo la apertura de nuevas oficinas del ente fiscalizador en Viedma y Bariloche. Observó que se puede deducir entonces que el EPRE destina 700 mil pesos por año para mantenerlas, cuando la CEB acaba de abrir una oficina de cobranza y atención al público "de dimensiones y servicios mayores, con un presupuesto del 10% del monto citado".
También criticaron la nueva exigencia de lograr resistencias de 1 ohm en las puestas a tierra, "algo inédito en el país y sin fundamento técnico alguno, cuyo costo de implementación representaría una inversión no menor a los 4,5 millones de pesos, que obviamente deberían pagar los usuarios de Bariloche".
