Por Martín Becerra | Prof. e Investigador UBA, UNQ y Conicet
Uno de los grandes debates sin fecha de caducidad en el sector de las comunicaciones tiene como eje su concentración. Investigaciones en curso del gobierno estadounidense sobre Facebook y multas recientes y millonarias también en la Unión Europea a Google y Facebook por abuso de posición dominante reactivan, en el ecosistema digital, un problema que es histórico tanto en los medios como en las telecomunicaciones y que exhibe casos emblemáticos relativos a la excesiva concentración de compañías como la CBS-Viacom (en la década de 1970), AT&T (década de 1980) o Microsoft (década de 1990).
La concentración es inherente a la economía del sector. Así lo marcan sus altos costos fijos, sus economías de escala -ahora combinadas con economías de red- y la escasez de recursos -espectro para radiodifusión y telecomunicaciones móviles; infraestructura básica con redes que en muchos casos no pueden duplicarse en TV por cable y telecomunicaciones fijas-. Frente a ello, distintos países en Occidente desplegaron respuestas tanto a nivel doctrinario como regulatorio y político en los últimos 100 años.
Esas respuestas buscan atenuar los efectos negativos que puede tener la concentración en la prestación de servicios, en la falta de innovación, en la discriminación de contenidos, fuentes y perspectivas, en la unificación de la línea editorial, en la precarización del mercado de trabajo, en los precios finales y también en los precios intermedios que los principales grupos cobran tanto a los usuarios y consumidores como a los prestadores de escala intermedia.
En la Argentina el amplio sector de las comunicaciones que incluye desde los medios hasta Internet, pasando por las telecomunicaciones fijas y móviles, muestra un proceso de concentración potenciado por la centralización geográfica de los servicios y contenidos, por el dispar tendido y cobertura de las redes físicas e inalámbricas y por la creciente conglomerización de la propiedad, es decir, por la existencia de grupos que prestan casi todos los servicios gracias a privilegios concedidos por el Estado en distintos gobiernos, lo que les permite operar a una escala que el resto de los competidores en los diferentes mercados donde actúan tienen vedado, lo que es inédito en el resto de América Latina.
En países con las fracturas socioeconómicas y geográficas que estructuran a la Argentina desde hace décadas, además, la excesiva concentración privada de las redes y medios de comunicación lesiona el acceso social, lo que repercute en el presente y en el futuro, toda vez que quienes no acceden, o acceden en condiciones degradadas, a los recursos de comunicación y cultura que son básicos para desempeñar una vida digna en las sociedades de la información, tienen menos posibilidades y oportunidades que quienes sí acceden a estos servicios en plenitud.
Si bien estadísticamente todas las personas en la Argentina poseen teléfono móvil, solo una minoría cuenta con servicios de abono, mientras que la mayoría paga más caro el minuto de comunicación a través de tarjetas prepagas, en un mercado protagonizado por un oligopolio que llamativamente oferta precios muy similares.
Según cifras oficiales del ente gubernamental de las comunicaciones (ENaCom), a comienzos de 2019 en la Argentina el 59 por ciento de los hogares tenía conexión fija a Internet. Y, mientras que en Uruguay el 75 por ciento de las conexiones fijas eran de fibra óptica, en la Argentina lo eran menos del 5 por ciento (la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más concentrado y rico del país, no llegaba al 10 por ciento de fibra al hogar). Asimismo, si se considera la velocidad de quienes tienen acceso, se repara en que la mayoría cuenta con servicios lentos y, en relación al precio que pagan en otros países, caros.
La correspondencia entre los accesos a redes de comunicación (en servicios de abono a la telefonía y conectividad móvil, la TV por cable o video a la carta) y las brechas socioeconómicas tiene además correlato en las diferencias geográficas. Así, por ejemplo, en CABA el acceso a Internet fija superaba el 47 por ciento a comienzos de 2019, pero en Misiones no llegaba al 9 por ciento de los hogares.
La concentración es un círculo vicioso en el que los grupos con posición dominante están en condiciones de imponer las reglas de juego al resto de los actores (empresas, medios estatales, comunitarios y cooperativos), de aprovechar el lobby político desde su posición de privilegio y de captar cada vez mayores porciones de los ingresos de la publicidad privada y de la publicidad oficial y obtener otras ventajas corporativas.
Además, los grupos con posición dominante -que es limitada por las regulaciones en países como Alemania, Reino Unido o Francia- pueden abusar de los derechos de programación, privando del acceso a acontecimientos de interés relevante al público y debilitar la producción local y regional de contenidos, resintiendo el empleo y la actividad cultural a nivel federal. Ejemplo de ello es la TV abierta en la Argentina, que funciona como repetidora de las usinas de los dos grupos más concentrados, Clarín y Viacom (Telefé).
Junto con argumentos técnicamente más sofisticados, los efectos perjudiciales de la concentración en una sociedad democrática impulsaron e impulsan, histórica y actualmente, políticas para corregirlos o moderarlos. En la Argentina esa tarea es materia pendiente para la política pública.
