Con la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vivimos las tensiones de sus efectos desde octubre del 2009 hasta diciembre del año que acabamos de despedir con el nuevo gobierno que preside el ingeniero Mauricio Macri.
Una de las primeras medidas que despertó infinidad de interpretaciones de parte del mandatario fue la creación del Ministerio de Comunicación, a cargo del Dr. Oscar Aguad. Lo hizo por decreto al igual que las efímeras intervenciones que dictamino sobre AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el organismo público asignado para las telecomunicaciones, AFTIC.
Sin pausa y con la misma forma de implementación, luego avanzó, entre medidas cautelares y judicialización de las autoridades constituidas en el anterior período gubernamental, en la constitución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que viene a unificar todas las actividades en un solo ámbito de control y gestión.
Las principales fundamentaciones que se expresaron se apoyaron en la idea central de ir hacia la convergencia tecnológica que actualice todos los avances que no habían sido contemplados por las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
Para el objetivo trazado se explicó que este año con el ENACOM en funciones se resolverán los expedientes no resueltos por AFSCA Y AFTIC y que se debatirá un proyecto de ley desde marzo, donde se definirán los servicios de conectividad, la telefonía, la prestación de servicios de televisión paga, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales.
Sin dudas es un escenario complejo el que nos toca transitar como actores protagónicos de la comunicación. Quedó claro que la intención del Gobierno es permitir que las empresas telefónicas puedan ofrecer tv paga en no más de tres años y que no haya topes a las participaciones en el mercado para ninguna empresa.
Entre los prestadores de servicios puede generarse un mercado oligopólico en la nueva configuración que se pretende plasmar en no mucho tiempo. ¿Es un riesgo para la pluralidad de voces? Sí, pero no es un dato para nada nuevo, dado que la Ley de Telecomunicaciones sancionada a fines del 2014 ya sembraba vulnerabilidades a una comunicación democrática como lo establecían los 21 puntos de la “ley de medios”. Es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya se había tocado y alterado mucho, tanto por falta de implementaciones en la conducción de su directorio como por los alcances de esta última legislación que permitió el ingreso de las grandes empresas telefónicas. Este sector no materializó los emprendimientos cuando tenía todas las habilitaciones para hacerlo. Ahora parece que tendrá que esperar un tiempo. No es nada fuera de lo común la espera esgrimida; en legislaciones de otros países se permite que las empresas cableras conserven su participación y se consoliden con fortalezas durante un tiempo (hasta diez años en algunos casos) para desplegar su infraestructura ante las enormes empresas que en un futuro tendrán como competencia. Si este argumento se piensa como válido para una gran empresa cablera en Argentina, es lógico entender como justo y equitativo el pronunciamiento del Ministro Aguad cuando expresó que los importantes recursos del fondo del servicio universal se van a destinar a las cooperativas de servicios públicos que desarrollan televisión paga. Si se adoptara esa decisión sustantiva, entendemos que corregirá asimetrías existentes y saldará notorias ausencias del Estado en nuestras regiones donde las comunidades se organizaron en cooperativas para auto prestarse servicios esenciales para el progreso que merecían.
COLSECOR nació para ser la organización federal que integre esos espacios del territorio olvidado. Desde la entidad que representamos vamos a trabajar incansablemente para buscar la expansión de los servicios audiovisuales cooperativos en Argentina. La comunicación necesita el rol de las entidades sin fines de lucro, que reinvierten todos sus excedentes y generan capital social y ciudadanía. La nueva ley de convergencia tecnológica tiene que incluir al cooperativismo.
Por otro lado, manifestamos la importancia de que el Estado brinde previsibilidad para las inversiones, propiciando condiciones claras para lograr el objetivo que tienen todas las cooperativas: crecer y mejorar el servicio para sus asociados. No es un reclamo empresario. Es un principio de orden de Nación y República donde intervienen los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Con la independencia de cada ámbito pero también en la saludable convivencia entre las partes se consolida la democracia que tanto nos ha costado construir desde 1983.
