La nota escrita por la periodista cordobesa Gabriela Origlia presenta algunos datos sobre el mercado eléctrico y expone un reclamo histórico de las cooperativas, en particular de las cordobesas, el fondo compensador tarifario.
Bajo el título Cooperativas, otro eje de la distorsión tarifaria, La Nación dice que “los servicios prestados por estas entidades (las cooperativas) son más caros que los que llegan a través de las empresas (de participación estatal) y expone que hay un “conjunto de factores, como la dispersión geográfica”, que explicar los mayores costos de las 2,4 millones de conexiones atendidas por cooperativas.
“La explicación de la brecha es que en una industria de capital intensivo como es la eléctrica, prestar el servicio en mercados dispersos, como son los que tienen las cooperativas, es mucho más costoso. Hay pueblos en los que en 100 kilómetros de tendido de media tensión hay 20 clientes, mientras que en 100 metros de una ciudad hay más de 1000”, señala Origlia en su nota de este domingo.
Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y director del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, dijo al diario que tomando en cuenta el alcance del servicio de las cooperativas -alrededor del 17% del total de las conexiones según la federación que las reúne- es "razonable analizar una recomposición tarifaria; es un universo importante y debe ponerse blanco sobre negro, ya que es lógico que los consumidores aspiren a una tarifa similar".
“Hoy el precio al que compran la energía todas las distribuidoras es el mismo. La Nación unificó ese valor, y lo que varía es lo que cada provincia cobra por transporte y distribución, y el precio de venta a las cooperativas”.
En la nota Origlia cita el ejemplo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) que compra “a $ 630 más impuestos el megavatio que distribuye, y las cooperativas de la provincia le pagan $ 980 más impuestos. La Pampa, en cambio, adiciona $ 100”.
Desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), Ricardo Airasca - miembro de la Comisión de Política Energética de la federación y gerente de la Cooperativa de Provisión de Armstrong- enfatizó que las diferencias tarifarias se fundamentan en un mercado más disperso y en una calidad superior de prestación: "No es lo mismo tender kilómetros de línea para llegar a un cliente que tenerlos concentrados, ni instalar un medidor a poco de pedido que una semana después".
"La magnitud de las diferencias en las tarifas aplicadas a usuarios, de similares características y consumo, por las distribuidoras -incluyendo las cooperativas- se explica por deficiencias en la regulación", señaló un ex funcionario nacional del área de energía. Admitió que las características propias de las distintas regiones del país hacen que los costos difieran, pero deberían estar "acotadas por las similitudes técnico económicas de las redes de transporte y distribución; disparidades más amplias hay que bucearlas también en las ineficiencias".
En este contexto, el esquema que plantean desde hace años el sector cooperativo es un fondo compensador, como el que ya funciona en Buenos Aires hace 20 años.
Según Mario Vitale, gerente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de Buenos Aires (Fedecoba), “apunta que por el fondo compensador creado por ley en 1997 (constituido por un tributo del 5% sobre el consumo neto de electricidad de los residenciales y del 3% de los clientes industriales) en la provincia rige una tarifa única. "Tiene un sesgo de solidaridad, el contraste son distritos donde -vereda de por medio- cambia el precio", consideró.
“Aclaró que el fondo "compensa costos reales" y explicó: "Se calculó la tarifa económica que debería cobrarse y se estableció la necesidad real de ingresos" de las cooperativas. Santa Fe analiza un esquema similar y Córdoba encargó un análisis a la Universidad Nacional de Río Cuarto, del cual Epec ya tiene el resultado”.
Otras de las opciones para eliminar las asimetrías sería, según dice La Nación “que la diferencia saliera de Rentas Generales, que sea el Estado el que pague el mayor costo del distribuidor. Aunque la potestad para fijar tarifas en sus territorios lo tienen los gobiernos provinciales, la Nación podría unificar el precio de compra de las cooperativas”.
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Fuente: La Nación
