El titular del instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Claudio Morgado, decidió lanzar esta semana el Observatorio de Redes Sociales, que tiene por fin detectar, denunciar y combatir los agravios que se expanden de manera viral por el ciberespacio.
La medida fue tomada a causa de las denuncias diarias de discriminación vía Internet que llegan al organismo. Según datos del mismo, son más de 45 por semana.
"No queremos regular ni censurar los contenidos de las redes sociales. No es sencillo establecer el límite hasta dónde la libertad de expresión en las redes puede vulnerar los derechos de todos los ciudadanos", dijo Morgado al referirse a esta medida que no deja de ser controvertida por la esencia misma de Internet, por su poder de expansión sin límites y por lo que podría ser un condicionamiento de la libertad de expresión.
Según explicó Morgado, se buscará establecer un acuerdo con las redes sociales extranjeras y locales para que el Inadi actúe como un "usuario con privilegios", de manera que pueda denunciar la presencia de contenido discriminatorio en los grupos que se formen en las redes y también alertar a las autoridades de cada plataforma ante la aparición de comentarios que violen la llamada ley antidiscriminación.
El organismo pretende alcanzar un acuerdo con las redes que operan en el país (Taringa y Sónico, entre otras) para establecer un protocolo de buen uso y un acuerdo entre las partes que faculte al Inadi a denunciar ante los moderadores de cada sitio la presencia de contenidos que violen la ley. Después, serán los propios responsables de las redes sociales los que tomen la decisión de dar de baja grupos o contenidos.
Acoso digital
Según el documento elaborado por el Inadi, la discriminación en las redes sociales afecta derechos tales como a la intimidad, a la integridad de las personas o de bienes. También puede lesionar física y psicológicamente a las personas, provocar daños recurrentes y repetitivos hasta ahondar la exclusión de alguien en un grupo.
El trabajo menciona que en los Estados Unidos existe un proyecto de ley que contempla la posibilidad de que el agresor, en caso de utilizar medios electrónicos, sea multado o condenado a dos años de prisión. El proyecto surgió luego de que una adolescente se suicidara tras haber sido hostigada en una red social.
"En la Argentina no hay legislación que regule las actividades en las redes sociales. En este terreno suelen entrar en colisión el derecho a la libertad de expresión con otros derechos y valores. Sería deseable una amplia discusión social sobre estos temas", señala el informe del Inadi.
Jorge Cella es director de la Iniciativa de Seguridad de Microsoft Argentina y Uruguay. Habitualmente brinda charlas de seguridad informática en los colegios y le llamó la atención la cantidad de consultas que recibió en ese ámbito acerca de acoso en la Web. "Les explicamos a los chicos que no deberían subir información que no quieran que se difunda, aunque sólo la compartan con algunos amigos, porque el sistema está pensado para compartir, no para restringir, y es muy probable que esos datos trasciendan, más allá de las restricciones. Basta con que algún amigo copie una foto y la suba para que el alcance de su difusión se vuelva incontrolable."
Cella sostiene que la gente disocia Internet de la vida real. Y aclara: "Rigen las mismas leyes. Si algo es delito en la vida cotidiana, también lo es en Internet. Por ejemplo, publicar la foto de un menor sin la autorización de sus padres es un delito que la gente comete sin tomar conciencia".
