El martes 24, en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social, autoridades de la UIF y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) harán la presentación de las normas de incorporación del mencionado organismo al régimen de “Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo”. En este marco, el Inaes oficiará de ente colaborador, mientras que cooperativas y mutuales estarán obligadas a su cumplimiento.
El anuncio lo harán el titular del Inaes, Patricio Juan Griffin, junto al presidente de la UIF, José Sbattella
Legislación. A partir de la sanción (13/04/2000) y promulgación (05/05/2000) de la Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo” y sus Decretos Reglamentarios Nº 169/2001 y 170/2001, la República Argentina actualizó su legislación en materia de prevención y control del lavado de dinero acorde a los parámetros internacionales.
El régimen normativo menciona taxativamente los sujetos obligados a informar operaciones económicas sospechosas y creó una agencia central de información para receptar tales reportes denominada Unidad de Información Financiera, disponiendo que la misma funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, adoptadas en octubre de 2001, ampliaron el alcance de la obligación de informar para incluir a las operaciones sospechadas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Por este motivo, la sanción (13/06/2007) y promulgación (04/07/2007) de la Ley Nº 26.268, sobre “Asociaciones ilícitas terroristas y Financiamiento del Terrorismo”, extendió el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La incorporación a la normativa tiene impacto en el sector de la economía social que produce, según fuente del Inaes, alrededor “del 10% del PBI en Argentina e involucra a unos 14 millones de personas (más de 3.800.000 familias) en todo el territorio nacional”.
