A raíz de la reforma de la ley de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) deberá “colaborar”, junto a otros entes estatales, para garantizar la transparencia de la base de dinero que circula.
La incorporación del organismo al sistema fue anunciada el martes en conferencia de prensa donde estuvieron presentes el titular del Inaes, Patricio Griffin, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, acompañados del gerente de Inspecciones del Inaes, Juan Daniel Cancelli y de la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo.
Griffin indicó que las resoluciones 11 y 12 de la UIF abarcan a todas las cooperativas y mutuales que realicen operaciones de crédito, incluidas las del sector agropecuario que hasta ahora estaban exentas de estos controles.
Por su parte, el titular de la UIF anticipó también que a partir de julio próximo se realizarán operativos de “fiscalización conjunta” de los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Inaes.
De la misma manera, Sbatella señaló que sólo falta incorporar al esquema de control estatal de lavado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “por la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró además que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días “para ir adecuando el sistema”. “Venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina del sistema de controles de operaciones comerciales y financieras, para favorecer la transparencia colectiva", resumió.
La resolución 11 de la UIF obliga a las cooperativas de crédito y a las mutuales de ayuda económica a reportar operaciones sospechosas. En tanto, la resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el Inaes y los órganos locales competentes “para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”. En ambos casos la política de prevención prevé auditorías periódicas, capacitación del personal y elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y de aquellas que se considere sospechosas.
Sbatella agregó que a partir de ahora, “la evasión impositiva también forma parte del delito de lavado de dinero”. Con el intenso trabajo que se viene realizando “estamos entrando en la sintonía fina del sistema contralor en la Argentina” concluyó el funcionario.
