La norma dispone la confiscación de envases que están en manos privadas, los que pasarán a las empresas que llevan inscriptos sus nombres, en un 70% grandes petroleras, a un costo de 100 millones de dólares, según estimó la Cooperativa Argentina del Gas (Cadegas).
Miembros de esta entidad concurrieron al congreso a llevar su propia propuesta. La idea es solicitar a los legisladores que modifiquen esos artículos que podrían determinar el cierre de decenas de fraccionadoras en el país, muchas de las cuales presentan precios más competitivos que las grandes compañías.
La ley dispone que las empresas que no tengan envases con leyenda propia no puedan comercializar el GLP.
Hace unas semanas la planta de CREC GAS de la cooperativa de Las Varillas sufrió una sanción motivada, según una disposición de la secretaría de Energía de la Nación, por la falta de una cantidad considerable de envases.
Por ello Sitiocooperativo dialogó con Adermo Brochero, consejero de la Cooperativa de Las Varillas para que exponga su punto de vista. Ante el interrogante que se plantea sobre la continuidad o no de la planta dijo que “yo quiero decir que el movimiento cooperativo tiene una posición tomada desde hace años. La función social que cumplen nuestras plantas cooperativas que son once en el país no es tomada en cuenta. Por que decimos esto. Los gobiernos siempre tienen y hasta ahora no han cambiado, un doble discurso. Porque por un lado están haciendo declaraciones que es una política de gobierno y una cuestión de estado la economía solidaria, y cuando la llevamos a la práctica nos encontramos con una barrera insalvable, que es la entrega de muchos estamentos de funcionarios de las distintas reparticiones gubernamentales que trabajan lisa y llanamente para las grandes empresas en detrimento no solamente de las Pymes y cooperativas sino en detrimento de la gente, porque nosotros a lo que apuntamos es a defender los intereses de los más desposeídos. Parece que vivimos en un mundo tan irreal que parece que es todo al revés. En lugar de hacer una ley partiendo de la base de que el envase es del usuario porque lo compró en su momento y después lo cambió cuantas veces le hizo falta. Yo creo que esto pone de manifiesto las intenciones que hay aquí de despojar a la gente de un bien que ha sido pagado por todos los usuarios del sistema de gas licuado.”
También sostuvo que la lucha de las cooperativas por mantener sus derechos es comparable a “la lucha entre David y Goliat porque nosotros tenemos que comprarle el producto a las mismas empresas que después compiten en el circuito de comercialización con nosotros”. También remarcó que “es mentira que quieran competir porque si nosotros podemos tener otro precio como ahora nuestros asociados pueden pagar $17 la garrafa de diez kilos (precio inferior aún al precio de la llamada garrafa social), pagaderas en dos cuotas mensuales, si quisieran competir, siendo que son los dueños del producto que nosotros comercializamos, tendrían que estar por debajo de este precio."
Por último remarcó que los proyectos de regulación presentados por Cadegas y las cooperativas con el asesoramiento de destacados profesionales, han sido cajoneados ya que eran proyectos en los cuales se establecía un criterio de igualdad y no de ventaja.
