Gabriel Sued | Politólogo y periodista
Al margen del tratamiento del Presupuesto 2019, el Congreso termina el año con un récord: es el período de menor productividad en materia de sesiones realizadas y leyes sancionadas.
Más allá de la novedad estadística, insuficiente para sacar una conclusión sobre la calidad del trabajo de los legisladores, las cifras reflejan las consecuencias de un Congreso fragmentado y anticipan un escenario de parálisis para 2019, un nuevo año electoral.
Con 108 diputados propios de un total de 257 y con 25 de un total de 72 senadores, el oficialismo nunca tuvo mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. A esa dificultad de origen, Cambiemos le sumó este año inconvenientes políticos y económicos, que hicieron que el Congreso tuviera largos períodos de inactividad.
Por un lado, los sectores de oposición que en los dos años anteriores habían apoyado proyectos del Poder Ejecutivo endurecieron sus posiciones. De cara al proceso electoral, el Frente Renovador, de Sergio Massa, y el Bloque Justicialista, vinculado a gobernadores peronistas, tomaron distancia de la Casa Rosada. El acuerdo por el Presupuesto 2019 fue un paréntesis luego de meses de tensión.
Por otro, la crisis económica iniciada en abril dejó al Poder Ejecutivo sin margen de acción para convencer a los mandatarios a partir del giro de recursos para sus provincias. El ajuste económico resultó también un recorte político de los márgenes de negociación del oficialismo. Más allá del número de legisladores, la potencia del Gobierno en el Parlamento está directamente vinculada con el humor social.
Campo de batalla y teatro de la política, el Congreso se fue convirtiendo con el transcurrir de los meses en un terreno cada vez más hostil para el Gobierno. Sin la mayoría suficiente para sancionar proyectos propios, el oficialismo desplegó una estrategia defensiva y se dedicó a bloquear los avances de la oposición.
La crisis económica hizo lo que no pudieron los dirigentes: unió a los distintos sectores del peronismo. Pasó en mayo, con la aprobación de la ley que ponía un freno al incremento de tarifas de servicios públicos, luego vetada por el presidente Mauricio Macri.
Volvió a ocurrir en agosto, cuando la oposición se disponía a derogar un decreto que reducía el plus que cobran en sus asignaciones familiares los trabajadores de “zonas desfavorables”, como la Patagonia. La Casa Rosada dio marcha atrás a último momento, para evitar otro cachetazo legislativo.
Sólo el debate por la legalización del aborto le dio vida al Congreso y le garantizó al oficialismo el control de la agenda parlamentaria. Pero de un modo particular: luego de que la Casa Rosada promoviera la discusión, las bancadas de Cambiemos en Diputados y el Senado aportaron la mayor cantidad de votos en contra del proyecto.
El tratamiento de la iniciativa dejó además heridas graves en el oficialismo. Esas diferencias, que en algunos casos se transformaron en enconos personales, minaron la cohesión dentro del interbloque que preside Mario Negri, en la Cámara de Diputados.
Después de ese debate, que concluyó con el rechazo de parte de la Cámara alta del proyecto de legalización, el oficialismo hizo todo lo posible porque el Congreso bajara el ritmo de actividad e ingresara en una etapa de hibernación. Fue la receta para quitarle un escenario de unidad a la oposición. Diputados cumplió un récord de tres meses sin sesionar.
La parálisis se tradujo en cifras. Con los datos aún en etapa de procesamiento, 2018 se perfila como un año récord. Hasta mediados de noviembre se habían sancionado menos de 40 leyes, mientras que en el período anterior, se llegó a un total de 86. En 2016, el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el contador alcanzó las 101 leyes. El máximo se había logrado en 2014, con 174 leyes aprobadas, mientras que en 2015 fueron 125.
En cantidad de sesiones, las cifras también son elocuentes. En especial en la Cámara de Diputados. Sin contar los informes del jefe de Gabinete, sólo hubo siete debates en el recinto. Cinco de ellos fueron sesiones especiales, es decir, reuniones convocadas al solo efecto de tratar un listado de proyectos puntuales.
Los números de este 2018 son aun peores si se tiene en cuenta que históricamente el Congreso sube su nivel de actividad en los años pares, es decir, cuando no hay elecciones. Entre las leyes aprobadas, sin embargo, hay varias muy celebradas, como la ley Justina, que agilizó el proceso de trasplante de órganos, y la ley Brisa, de reparación a los hijos de víctimas de femicidios.
La inactividad no fue gratis para el Gobierno, que vio sucumbir muchas iniciativas de lo que Macri bautizó en diciembre de 2017 como el “reformismo permanente”. El presidente acababa de superar con éxito el test electoral de medio término e imaginaba que los planetas se estaban alineando a su favor.
Es larga la lista de propuestas del Poder Ejecutivo congelados en el Congreso. La postulación de la jueza porteña Inés Weinberg de Roca para la Procuración General no llegó a tratarse en el Senado. El peronismo no estaba dispuesto a convalidar a la elegida de Macri para un cargo vitalicio.
Tampoco avanzaron algunos de los proyectos del programa Justicia 2020, ni las reformas de la legislación laboral, del Ministerio Público y del sistema electoral. Aprobado en Diputados, el proyecto de voto electrónico quedó sepultado en la Cámara alta y a fines de febrero perderá estado parlamentario.
Enviada al Senado en diciembre de 2017 y reconvertida en marzo de este año, la reforma laboral tampoco tiene margen para ser aprobada el año próximo. La relación entre el Gobierno y la CGT atraviesa su peor momento y nada hace pensar que podría mejorar en el futuro inmediato.
La parálisis de la reforma del Ministerio Público tiene que ver con otro factor. La Casa Rosada promovió esas modificaciones en 2017 para restarle poder a Alejandra Gils Carbó, entonces procuradora general. Tras la salida de la funcionaria, en el oficialismo cesó el espíritu reformista. Sin Gils Carbó, la ley puede quedar tal como está, parece ser el acuerdo tácito del oficialismo y buena parte de la oposición.
Con muchos diputados y senadores enfocados en obtener su reelección o en conseguir un cargo ejecutivo, 2019 podría marcar un nuevo récord.
Hasta mitad de noviembre se aprobaron menos de 40 leyes, mientras que en 2017 se sancionaron 86.
El Gobierno no logró imponer reformas importantes, como la del Ministerio Público y la de la legislación laboral.
El debate por el aborto le dio vida al Congreso, pero dejó heridas persistentes en el interbloque oficialista.
Entre las pocas leyes aprobadas hay algunas muy celebradas, como la ley Justina, que agiliza el proceso de trasplante de órganos.
