Luego de analizar el proyecto que está siendo utilizado por la SAGPyA como base de trabajo para la modificación de norma en semillas -elaborado por el ingeniero agrónomo Miguel Rapella y presentada por el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral (CPI)- se confirmó un rechazo absoluto a dicha propuesta, porque inclina la balanza hacia el lado de los sectores más poderosos, consolidando la situación monopólica y de abuso dominante que tienen hoy estos obtentores. En la reunión, se tomó conocimiento de que el cuestionado proyecto de ley, redactado por asesores de empresas y universidades privadas, fue elaborado con dinero estatal a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Por eso, las entidades presentes en el plenario coincidieron en repudiar el hecho de que las arcas del Estado sean utilizadas para financiar la creación de semejante dislate jurídico, que iría camino de privatizar el control de las semillas. Por eso, en el plenario realizado en Rosario se ratificó una posición: la propuesta de estos grupos de lobby es un compendio de “lo que no se debe hacer” en materia de semillas; la solución para el tema debe surgir de la Argentina, de la correcta aplicación de la ley actual, de la plena vigencia de los organismos pertinentes, y la puesta en funcionamiento del INASE. Y en este sentido, se decidió volver a denunciar la vergonzosa mora del Estado en la normalización del mismo.
