'Es necesario profundizar la aplicación de la Ley de Medios”

13-10-2011

Lo expresado por la Coalición -en el marco de la presentación del libro “La Cocina de la Ley” a fines de agosto- es un llamado a luchar por la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso de la Nación.

A dos años.  En este mes octubre se cumplieron dos años de la promulgación de la Ley de Medios que reemplazó a la norma Nº 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar, y que se mantuvo vigente desde entonces.

 La sanción de la nueva ley está fuertemente vinculada al histórico reclamo del sector de la economía solidaria, ya que la misma reivindica los derechos de las cooperativas y mutuales que habían sido discriminadas por el art. 45 de la ley de la dictadura.

A raíz de esta exclusión surge la Cooperativa COLSECOR con la idea de brindar soluciones a las localidades del interior que intentaban acceder a los servicios de Tv por cable. En 1995 trece entidades cordobesas conformaron esta cooperativa que hoy cuenta con casi 200 socias en el país. En ese momento la ley vigente obligó a estas entidades sin fines de lucro a “travestir” su figura jurídica - creando sociedades comerciales - para poder brindar el servicio. De esta forma las cooperativas lograron que sus comunidades accedieran a un servicio de interés público que de otro modo les resultaba inalcanzable.

 A pesar de la utilización de estas figuras jurídicas, COLSECOR siguió luchando para que las cooperativas obtuvieran su legítimo derecho a ser prestatarias del servicio de cable como tales. Así se judicializaron los reclamos de las entidades asociadas pidiendo la inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 22.285.

Un caso que sentó precedentes fue el de la Cooperativa de Villa Santa Rosa de Río Primero (Córdoba) que logró en el año 2003 que la Corte Suprema de la Justicia declarara la inconstitucionalidad de dicho artículo, en “cuanto excluía a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión”. Mas tarde otras cooperativas también lograron obtener su licencia mediante la vía judicial.

Crónica de la ley.  Con la llegada de la democracia el sector de la economía solidaria avizoró la posibilidad de que se modifique la ley de la dictadura. 

 El gobierno de Alfonsín intentó en dos oportunidades sin éxito reemplazar la ley de radiodifusión.

 Por su parte, Menem introdujo cambios al artículo 45 que abrieron el camino a las privatizaciones de los canales de TV, fortaleciendo aún más la posición dominante en el mercado de grandes grupos inversionistas. El gobierno menemista es responsable también del polémico decreto que amplió la posesión de 4 a 24 licencias. Esto trajo como consecuencia la conformación de cadenas de radio y TV, concentrando el mercado. 

En el año 2000 la Alianza intentó generar acuerdos entre diferentes sectores para promulgar una nueva ley de radiodifusión. El gobierno nacional llevó adelante audiencias públicas en distintos puntos del país para generar un anteproyecto de ley. Éste fijaba límites en la adjudicación de licencias e introducía un nuevo régimen de competencia para los propietarios de medios de comunicación. Ante una administración que perdía peso político, la iniciativa fue socavada por los grupos propietarios de radios y emisoras de TV.

 Ante la permanencia de una la ley de la dictadura a pesar del paso de gobiernos de distinto signo político, el 11 de abril de 2003 el sector cooperativo nacional reafirmó su reclamo por la inmediata derogación del artículo 45 en el llamado “Grito de Santa Rosa”, pidiendo por el derecho a ejercer la “radiodifusión sin exclusiones”. Este reclamo volvió a repetirse el 15 de septiembre de este año en la capital pampeana, en lo que se conoció como el “Segundo Grito de Santa Rosa”, pero esta vez alzando la voz para que finalmente se expidan sobre las licencias a las cooperativas.

 En noviembre de 2004, tras una iniciativa del entonces diputado Héctor Polino, se modificó el cuestionado artículo 45 permitiendo a cooperativas y mutuales ser propietarios de medios de comunicación. La sanción definitiva de estos cambios se aprobó en agosto del 2005. A partir de ese momento muchas cooperativas, alentadas por la conducción de COLSECOR, iniciaron los trámites solicitando la transferencia de licencias para trasladar la titularidad del servicio de las entidades privadas a sus verdaderos dueños. 

 En marzo de 2008 la renuncia de Julio Bárbaro, interventor del Comfer desde 2003, dejó lugar a la asunción de Gabriel Mariotto e inmediatamente comenzó a trascender la intención del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de sancionar una nueva Ley. 

 En marzo de 2009 el Gobierno presentó en el Teatro Argentino de La Plata el anteproyecto, basado en los 21 puntos de la Coalición, que posteriormente sería la base de la nueva ley de S.C.A.   En los meses siguientes se discutió la propuesta en foros realizados en distintos lugares del país, con la participación de sectores interesados en generar aportes. COLSECOR junto a otras entidades del movimiento, participó activamente de estos debates públicos brindando su opinión sobre puntos específicos de la ley.

 En agosto el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso. Luego de su tratamiento en un plenario de comisiones, Diputados dio media sanción al texto que finalmente fue aprobado por el Senado el 10 de octubre del año 2009.

La ley de la democracia. Tras su legítima aprobación en el Congreso de la Nación, la ley de SCA sufrió distintos impedimentos judiciales que han obstruido su plena aplicación. 

   El primero fue en diciembre de 2009. La resolución dictada por el Juez Federal Edmundo Carbone suspendió la aplicación de los artículos 41 y 161. Esta medida principalmente congeló el proceso de desinversión de los medios que poseen más licencias de las que permite la ley. Un año después la cautelar fue ratificada por el juez que le puso un plazo de 36 meses, a partir de la fecha de notificación (Nov. 2010).

 Resulta relevante también recordar que la Suprema Corte se expidió revocando otra medida cautelar dictada por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal. La denuncia a la que la jueza dio curso hacía referencia a “presuntas irregularidades” durante el tratamiento de la ley en el Congreso. Por esto, la magistrada ordenó suspender la aplicación total de la Ley 26.522. El Máximo Tribunal revocó este fallo el 15 de junio de 2010 alegando que la justicia no puede suspender una ley aprobada en su totalidad por el Congreso.

Otra medida de Carbone.  El 6 de julio de 2011 nuevamente el juez Carbone dictó una medida cautelar contra la Cooperativa de Morteros (Córdoba) suspendiendo el artículo 30 que permite a las entidades sin fines de lucro ser licenciatarias de “servicios de comunicación audiovisual por suscripción prestados por vínculo físico” haciéndola extensiva a todas las cooperativas del país. Una vez más el argumento fue la supuesta ventaja competitiva por no tributar ganancias. 

 Conocido el dictamen, José Néstor Lino afirmó que esta decisión “solo sirve para dilatar los plazos de obtención de licencias cooperativas”. Desde COLSECOR se afirmó que discutir la exención de ganancias del sector es volver sobre “debates superados”. Decir que “una cooperativa podría obtener ventajas en el precio del servicio que ofrece es desconocer las bases, la doctrina y los principios que rigen al sector”. En este sentido “las cooperativas deben continuar solicitando las licencias que por derecho le corresponden” afirmó Lino. 

 Frente al actual estado de situación en el que se encuentra la vigente Ley de S.C.A. el titular del Consejo de Administración de COLSECOR sostuvo que “es oportuno el documento difundido por la Coalición, el pasado 29 de agosto, pidiendo por la aplicación total de la ley 26.522”. Para Lino, “es un mensaje claro ya que pone por encima de las opiniones que hoy dicen querer revisar la ley, la idea de la aplicación total de esta ley vigente” que por diversas trabas legales no rige plenamente.

 

 

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