Las cooperativas de la provincia que brindan agua potable y saneamiento transitan por una situación económica muy crítica, señalan desde Fecescor, una de las entidades representativas del sector en Córdoba.
La principal razón, señalan en un documento difundido en un medio gráfico, es la “falta de criterios técnicos” de los municipios a la hora de fijar las tarifas de dichas prestaciones. Los entes municipales, como poder concedente, son quienes fijan el costo del servicio que se debe abonar en cada población y, según las cooperativas, “no contemplan realidades de los costos de operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura”. De esa manera, “ponen en riesgo cada vez más la prestación de estos servicios de manera eficiente, en cuanto a cantidad y calidad, lo que repercutiría en el ambiente y en la salud de la población”, expresaron las entidades a través de Fecescor.
En muchas localidades, hace más de un año que los consejos deliberantes de los municipios no analizan la actualización de la tarifa de agua, que ha quedado rezagada por el proceso inflacionario que atraviesa el país. Por cierto, el más alto en los últimos 25 años.
Desde la federación, señalan la importancia que tienen estas prestaciones para la vida y el desarrollo de las comunidades y la necesidad del trabajo mancomunado entre el estado local y las cooperativas. “No obstante, esto sólo será posible y viable si se modifica la legislación que regula estos servicios”.
Nuevo marco regulatorio
Según entienden desde la federación, la punta de solución a esta problemática que lleva muchos años es un nuevo marco regulatorio de los servicios que contemple contratos de concesión “con todos los derechos y obligaciones de los prestadores, con un plazo prudencial de 30 años para la amortización de la infraestructura, y fundamentalmente, un esquema de recomposición tarifaria con rigor técnico que acompañe el incremento de los costos y con plazos inexorables de cumplimiento”.
En razón de esto, el sector cooperativo demanda nuevamente la conformación de una mesa de trabajo integrada por los actores provinciales, municipales y cooperativos donde se vuelquen los aportes “necesarios para lograr poner en vigencia un nuevo marco regulatorio de agua y saneamiento consensuado".
