Entre las entidades beneficiadas con dinero proveniente del Fondo Fiduciario del Servicio Universal está la Cooperativa Telefónica de Adelia María, cuya cobertura de servicio abarca a las localidades de Monte de Los Gauchos y El Rastreador de la provincia de Córdoba. Otra beneficiada fue una pyme de Río Negro con cobertura en las localidades de Darwin, Coronel Belisle y Pomona.
Al respecto el titular del Enacom, Miguel de Godoy, dijo: “Hoy las comunicaciones son un factor de igualdad entre las personas, es por eso que el Estado debe garantizar que esto suceda y no puede delegar semejante responsabilidad. Ahora estas ciudades van a poder comunicarse con el mundo”.
Estos Aportes No Reembolsables (ANR) provienen de fondos del Servicio Universal y están destinados a mejorar la infraestructura de redes para la prestación del servicio fijo de acceso a la banda ancha en zonas con dichas necesidades insatisfechas.
Discrepancias
Además de la cooperativa de Adelia María, más de 10 entidades del sector de la economía solidaria esperan por estos fondos no reembolsables para extender la banda ancha y de esta manera contribuir con el objetivo dispuesto por el Enacom de “reducir la brecha digital e incorporar a más de 2 millones de hogares al uso de Internet”.
Estas cooperativas presentaron sus proyectos a inicios de 2017 ante la Comisión Evaluadora para ser aprobados, pero han recibido como respuesta que de acuerdo a la resolución los fondos no podrán ser aplicados para migrar hacia una nueva tecnología que mejore el servicio, como es el tendido de fibra óptica, sino que deben destinarse a mejorar la red existente actual.
En este punto, COLSECOR consultó a las autoridades del Enacom porque entiende que hay diferencias en la interpretación de la normativa 8899/16 y que los fondos deberían destinarse al tendido de fibra precisamente para mejorar la conectividad.
Las cooperativas que esperan por la adjudicación de los fondos argumentan que muchas de sus actuales redes coaxiles, por falta de inversión, no han contado por el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, destinar fondos a la actualización no sería una instancia que posibilite mejorar el acceso a Internet.
En respuesta a este reclamo, el Enacom entiende que el pliego “establecía claramente que el ANR estaba destinado a la actualización de la red existente y no para la migración de una tecnología a otra”. Según explicaron desde el organismo, estos requerimientos se originan en limitaciones regulatorias en el uso de estos fondos que no permiten el financiamiento con ANR de inversiones que “representen una intromisión en términos de competencia, entre diferentes licenciatarios de servicios TIC (telefonía, TV por cable e internet)”.
